Guerra interna en la biomédica Prous Institute

Corren tiempos revueltos en Prous Institute for Biomedical Research, una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos con sede en el Parque Científico de Barcelona. La sociedad, fundada en el año 2000 por el doctor Josep Raimon Prous Coch --Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2013--, se encuentra inmersa en un cruce de querellas criminales con una ex empleada en las que se acusan mutuamente de diversos delitos económicos por unas cantidades considerables.

En concreto, Prous Institute acusa a una ex responsable contable de la entidad de haberse apropiado indebidamente de 3,3 millones de euros de la empresa, mientras que la ex empleada ha denunciado a la sociedad por un presunto fraude de subvenciones públicas por un importe de 850.000 euros.

3,6 millones de fianza a una ex empleada

El proceso judicial iniciado por Prous Institute contra su ex trabajadora se remonta al año 2012, poco después de su salida de la empresa, en la que había estado trabajando desde su fundación. La biomédica considera que la ex responsable administrativa se apropió de, al menos, 3,3 millones de euros de la empresa con los que habría financiado la puesta en marcha de un negocio hotelero familiar en el pirineo leridano.

En diciembre de 2014, la Audiencia Provincial de Barcelona, a petición de Prous Institute, impuso a la ex empleada y a su sociedad hotelera una fianza de 3,6 millones de euros --con la amenaza de embargo en caso de no hacerla efectiva-- "a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivar de la causa", que se encuentra en fase de instrucción a la espera de apertura de juicio.

La biomédica también denuncia a su ex trabajadora por presuntamente haber cometido los delitos de estafa continuada y falsificación en documento mercantil. Mientras que ella alega en su defensa que se trata de un préstamo pactado con la dirección de la empresa.

Incompatibilidad de subvenciones

Por su parte, la ex empleada presentó una querella criminal contra Prous Institute en mayo de 2015 "por la obtención fraudulenta de un dinero público vía de subvenciones, bonificaciones de la Seguridad Social y préstamos a interés cero, amén de la utilización de facturas irregulares creadas ex novo para justificar tales ayudas".

La querellante considera que, entre 2008 y 2011, la empresa biomédica recibió ayudas públicas que eran incompatibles entre sí, y que supusieron un presunto fraude de 850.000 euros, según un informe pericial incluido en la causa. Estas ayudas procedían del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación; del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDEM); del subprograma Torres Quevedo; de las bonificaciones de la Seguridad Social, y del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada.

La querella contra Prous Institute fue admitida a trámite este mes de febrero, y el lunes pasado declaró ante el juez el perito presentado por la acusación para ratificar su informe. Sin embargo, desde la biomédica aseguran que se trata de "una maniobra de presión" por parte de la ex empleada "hacer daño" a la empresa y forzarla a negociar en la causa abierta contra ella por presunta apropiación indebida.

En todo caso, será la justicia la que finalmente dictamine quién tiene razón en esta batalla judicial que afecta a una empresa que cuenta con unos fondos propios de alrededor de diez millones de euros, aunque en los últimos años acumula unas pérdidas superiores a los dos millones de euros.