La Guardia Civil registra la sede del banco chino ICBC de Madrid
Fiscalía Anticorrupción sospecha de que la entidad blanqueaba capital y ordena la detención de los máximos directivos
17 febrero, 2016 12:27Operación contra el blanqueo de capitales con la filial española de Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), la mayor entidad comercial del gigante asiático y uno de los más grandes del mundo, en el foco central. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y técnicos del Banco de España han entrado este miércoles en la sede de la entidad en Madrid, en el paseo de Recoletos, en una actuación coordinada por Fiscalía Anticorrupción.
Las investigaciones iniciales apuntan a la existencia de una estructura criminal organizada para limpiar fondos ilícitos mediantes las cuentas del banco.
No residentes
Los agentes de seguridad procederán a la detención de la alta dirección del ICBC en Madrid, ya que se ha identificado a los presuntos responsables de la actuación coordinada. Algunos de ellos no son residentes en España pero se trasladan al país de forma habitual desde la capital China, Shanghai.
Tras la entrada se ha procedido a la incautación de documentación y al registro de los ordenadores y las cajas fuertes de la alta dirección. La operación sigue en marcha.
Cinco años en España
ICBC aterrizó en España con bombo y platillo en 2011 con la inauguración de su primera oficina en Madrid. Un año después, abrió su segunda oficina en Barcelona, en el número 50 del paseo de Sant Joan. Para entender la importancia de la entidad en el país, la inauguración de esa sucursal estuvo encabezada por la vicepresidente de ICBC, Wang Xiquan, junto a la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna; el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el que era director general de Política Financiera de la Generalitat, Jordi Oliva; el embajador de China en España, Zhu Bangzao, y el cónsul de este país en Barcelona, Yan Banghua.
Los activos de ICBC en España alcanzan los 760 millones de euros, según en último informe de la Asociación Española de la Banca (AEB). Los depósitos que se fiscalizan por las dudas sobre el origen del capital se quedan en unos 700 millones.