La Generalitat 'pasa' de Antifraude: mantiene el contrato de ATLL con Acciona

El gobierno de Carles Puigdemont seguirá la estela de su predecesor en el cargo, Artur Mas, respecto a la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona. El nuevo consejero de Territori, Josep Rull, afirmó este jueves en una entrevista en TV3 que mantendrán el polémico contrato firmado en diciembre de 2012. “Esperaremos la sentencia”, ratificó.

Es decir, a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el último recurso que la Generlitat y Acciona presentaron sobre las irregularidades señaladas en el concurso público.

Qué debe decidir el Supremo

El Tribunal Supremo se debe pronunciar sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de julio que anulaba la licitación por errores en valorar la oferta de Acciona. Los mismos que sacó a la luz el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (la antigua Oarcc) seis días después de que se firmara el contrato entre el gobierno catalán en funciones --lo ratificó el entonces secretario del departamento, Pau Villòria-- y el consorcio liderado por Acciona.

Rull mantiene que se debe “esperar a la justicia para que revertir la adjudicación no cueste a la Generalitat un dinero que no tiene”. La Generlitat defiernde este argumento desde 2013, aunque el escenario ha cambiado esta semana. La Oficina Antifrau de Catalunya publicó este lunes un informe, avanzado por Crónica Global, que saca a la luz irregularidades contables entre la concesionaria y Acciona, operaciones que constituyen un incumplimiento grave del contrato y son motivo suficiente para resolverlo sin indemnización.

Irregularidades conocidas

El consejero no ha hecho ninguna mención a esta posibilidad. Reconoció que el Govern era consciente de las irregularidades gracias a una auditoría encargada por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), pero que se limitó a ponerlas en conocimiento de la Agencia Tributaria por las derivadas fiscales de la facturación cruzada. Antifraude considera que la Generalitat las conocía de antes.

La empresa pública acudió a Hacienda en febrero de 2015, tal y como manifestó su presidente, Jordi Agustí, en su declaración por escrito ante Antifrau. El Govern no ha intentado recuperar el aumento de costes que supone que la gestión del agua de ATLL se haya encarecido en 13,3 millones anuales. 

Comisión parlamentaria

Rull aseguró que las irregularidades de Acciona “no se han resentido en la tarifa” que ha pagado el ciudadano hasta la fecha. Los tejemanejes de la compañía sí que habían alterado la de 2015, aunque su coste en la factura final no se vería reflejado hasta 2017.