La sanidad catalana se rebela contra los impagos de la Generalitat

La sanidad catalana está al borde del abismo por los impagos de la Generalitat y sus operadores avisan de que se ha llegado a un momento crítico. Tanto, que se alerta de que hay entidades con concierto en Salud que no podrán pagar las nóminas de noviembre y que su futuro es muy complejo. Bajar la persiana no es una opción por el sector en el que operan y su continuidad es difícil sin los recursos. Por ello, se han unido bajo el paraguas de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) para exigir que se paguen sin demora las facturas pendientes.

¿A cuánto asciende la factura? Ni las propias organizaciones empresariales son capaces de marcar una cifra. Están de acuerdo que superan los 2.000 millones de euros y advierten que cada día que pasa crece por los impagos en cadena que generan las facturas pendientes del CatSalut con sus proveedores.

Deudas acumuladas

La cifra de las farmacias es la más conocida: 380 millones de euros. A ellos se les debe sumar los 80 millones que la sanidad catalana debe a las ortopedias o, la cifra más importante, los impagos a hospitales privados a los que se ha derivado buena parte de los pacientes de la sanidad pública. Sólo a los centros sociosanitarios agrupados en ACES (Quirón, Teknon, Delfos o Corachán, entre otros) se les debe más de 1.550 millones de euros por el 33% de la facturación de julio y el total del concierto de julio, agosto, septiembre y octubre.

La organización presidida por Cristina Contel ha explicado este jueves que los responsables de la consejería de Economía, ya que la de Salud se lava los manos ante los problemas económicos provocados por los impagos del Govern, manifestaron que no hay recursos para atender las facturas y propusieron a ACES a que priorizara los casos más urgentes. “Pero ni siquiera nos han garantizado de que estos cobren”, indicó Contel.

Debate político

Los afectados corresponsabilizan de su situación tanto a la Generalitat como al Gobierno central. Al primero, por realizar unos presupuestos irreales en los que no se calculó correctamente el gasto a la sanidad, dejó esta partida en manos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Los impagos actuales ni siquiera estarían referenciados a esta partida, el Ministerio de Hacienda debería activar un FLA extraordinario para pagarlos que está anunciado por el titular del departamento, Cristóbal Montoro.

No se activa definitivamente por la falta de la autorización del consejo de ministros. Los afectados señalan que se trata de un movimiento político derivado del procés y aseguran que no se trata de un movimiento justo “porque lo que está en juego es la salud de la ciudadanía”, en palabras de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir), Vicente Botella. En su caso las deudas no las contraen directamente los operarios del sector, las administraciones retrasan los pagos a las familias beneficiarias de ayuda de la ley de la dependencia.

Financiación del sector

Además de solucionar la problemática actual, la sanidad catalana también reclama que se implemente e implante un nuevo sistema de financiación del sector porque el actual “se ha demostrado que es ineficiente, ya que el sector lleva años con los mismos o similares problemas”, indica el manifiesto que han firmado las entidades firmantes.

No todas las asociaciones del sector se han unido al clamor para reivindicar que se cumplan de una vez por toda los plazos que la ley o los conciertos determinen. La PMcM abre la convocatoria a todas ellas, pero se han desmarcado por el momento la Unió Catalana de Hospitales, la patronal dirigida anteriormente por el consejero de Salud catalán en funciones, Boi Ruiz; y la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA). “Parece que no es correcto que aprueben un manifiesto promovido en Pimec”, manifestó Botella en relación en la guerra patronal que existe en Cataluña, ya que ACRA pertenece a Foment del Treball.

Los afectados esperan que las administraciones muevan ficha. Si no es así, “no descartamos ninguna medida”, indicó el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases. Siempre con una premisa sobre la mesa, su servicio no se puede parar porque afecta a la salud pública.