La salud de las finanzas de Andorra, supeditada al desenlace del ‘caso BPA’

El Gobierno de Andorra tradicionalmente ha sacado pecho de las finanzas saneadas del pequeño Principado. La estructura social e impositiva del país facilita el cierre ejercicio tras ejercicio con las cuentas cuadradas e incluso con superávit, pero en el año en curso la cosa cambia. El propio Ejecutivo liderado por Antoni Martí prevé que el desvío ascienda a los 36,9 millones en el presupuesto definitivo, una agujero en las arcas públicas cuyo resultado final dependerá del caso BPA.

En un país con un presupuesto de ingresos de menos de 400 millones de euros (sin activos ni pasivos financieros) y destinaba menos de 300 millones a mantener el Estado en marcha, según los presupuestos presentados, tener que abonar daños y perjuicios a los afectados por cómo se ha gestionado la intervención del banco comprometerá la salud financiera del país.

Dudas sobre la intervención

Martí decidió tomar el control del banco BPA el pasado marzo tras quedar señalado por el organismo que lucha contra el blanqueo de capitales internacional del Tesoro estadounidense, el FinCen. Lo que de entrada parecía una decisión sensata ante las acusaciones vertidas desde el otro lado del Atlántico se ha incrementado de complejidad semana tras semana.

La actuación del Gobierno se pone en duda desde dentro y fuera del Principado, tanto por los afectados (clientes, empleados y los accionistas mayoritarios del banco, la familia Cierco) como por terceras personas del sector financiero que señalan que la resolución final del caso se puede llevar por delante la reputación del sistema andorrano, el 20% del PIB andorrano.

Pulso con PwC y fuga de capitales

Los Cierco han llegado a denunciar incluso ante el Tesoro de EEUU que el Gobierno escondió información al FinCen sobre los activos del banco para propiciar su caída y su toma de control. Un movimiento arriesgado que, según los críticos con Martí, se confirmaría con la nueva polémica abierta con los auditores de PwC, molestos con la actitud del Ejecutivo y presionados por los accionistas mayoritarios de BPA les reclaman “independencia”.

Por el momento, la gestión del caso ha propiciado la fuga del 3% de los depósitos de todo el sistema y obligado a incrementar la deuda pública. El ministro de Finanzas, Jordi Cinca, afirmó la última semana de septiembre que en los últimos seis meses se habían destinado 12,9 millones a la intervención de la entidad; cifra que después matizó al asegurar que la factura se cubriría con fondos propios de BPA.

Más endeudamiento financiero

Lo que parece claro que no se pagará con recursos del banco intervenido es el programa extraordinario de financiación habilitado para los clientes del banco afectados por su intervención. Es uno de los motivos de los principales motivos de la subida del endeudamiento del Gobierno.

Los pasivos financieros se han disparado hasta los 100,5 millones en el primer semestre respecto a los 19.500 del mismo periodo del año anterior.

Al final, y gracias a la mayor deuda bancaria, Martí ha cerrado el semestre con un superávit de 16,5 millones, el 20% menos que si se compara con la primera mitad de 2014. Todo ello, con el incremento de los ingresos al implementar el pasado 1 de enero el impuesto del IRPF en el Principado.