Los Sumarroca y sus conexiones en Andorra bajo la lupa judicial

Los Sumarroca, una de las familias con mayor poder en Cataluña que fundaron CDC de la mano de los Pujol, han sido los protagonistas de la llamada operación Petrum. La investigación que ha iniciado el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) y la Fiscalía Anticorrupción por los indicios de negocios al margen de la legislación vigente. Una actividad cuyos beneficios acabarían en Andorra, el pequeño país de los Pirineos catalanes en el que aún rige el secreto bancario. 

El origen del caso se encuentra en las mordidas que conró el ex alcalde de Torredembarra, el convergente Daniel Massagué. El político ha sido detenido por segunda vez y se han retomado las pesquisas sobre la forma en que se adjudicaban las obras públicas de este municipio de la costa de Tarragona. 

La Guardia Civil entró en la sede de la constructora Teyco; en el domicilio particular de su presidente, Jordi Sumarroca Claverol; en la vivienda de Masagué y en la gestoría Asemges de Palafrugell (Girona), el despacho profesional de Mariano Júdez Pi, el quinto detenido. Con todo, aún espera obtener información más relevante en el curso de las pesquisas que el juez, la Fiscalía Anticorrupción y los cuerpos especializados policiales llevarán a cabo en los próximos meses.

Dos requerimientos

Tras esas actuaciones, que conmovieron el mundo empresarial barcelonés durante la jornada del jueves, el magistrado apostó por el sigilo y decretó el secreto de sumario. También avisó en un comunicado de que, además de las detenciones y registros producidos, iba a realizar “dos requerimientos a entidades bancarias”. Se trata de la clave más peligrosa para los acusados.

El principado andorrano tiene un papel clave en la operación, según ha podido saber este medio, y la dimensión final de la causa contra los Sumarroca dependerá de la información que les reporten sobre las diversas cuentas que los empresarios puedan tener abiertas en el país de los Pirineos.

Colaboración entre países

¿Colaborará el Gobierno que dirige Toni Martí y las entidades andorranas con la justicia española? Ahora sí. En otros momentos, el propósito de cooperación hubiese sido refractario. Pero tras las dudas sobre el conjunto del sistema financiero del país por el escándalo desatado a raíz de la intervención de BPA, Martí y los suyos se ven obligados a finiquitar su actitud de antiguo paraíso fiscal. En la actualidad, la justicia andorrana ha abierto sus puertas a la cooperación.

Las reuniones entre Martí y el presidente español, Mariano Rajoy, de los últimos meses habrían servido para engrasar las relaciones entre ambos países también en este aspecto.