El expresidente de la Generalitat, Artur Mas (izquierda), y el exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell (derecha), en los pasillos del Parlament / EFE
ERC salva a Artur Mas de quedar en evidencia con ATLL
Los republicanos se alinean con CDC y Unió para evitar que prospere una enmienda socialista en la que se reclamaba la titularidad pública de la empresa
23 julio, 2015 20:59ERC echó un capote al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de quedar en evidencia en el último pleno del Parlament antes de las elecciones del 27S (aún pendientes de convocatoria formal). Apoyó al líder de CDC al tumbar una enmienda que pretendía reprobar la actitud del Govern en la adjudicación pública más polémica de sus dos legislaturas: la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona durante 50 años.
El PSC está tras el nuevo intento de recriminar el papel que ha mantenido los últimos dos años y medio la Generalitat, el tiempo transcurrido desde la publicación de la primera resolución que dejaba sin efecto el proceso por defectos de forma. El periplo judicial ha llevado al Ejecutivo a tener que recurrir en dos ocasiones frente al Tribunal Supremo, la institución a la que se ha encomendado para que deje sin efecto una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que confirma la nulidad.
Enmienda del PSC
Los socialistas han presentado una enmienda en la que solicitaban “recuperar y actualizar el plan estratégico y de disponibilidad de los recursos hídricos en el ámbito ATLL aprobado en 2010”. Bajo este epígrafe, el diputado del PSC Jordi Terrades defendió en el Parlament que la mejor salida para el caso ATLL es que la Generalitat recupere nuevamente el control de la compañía.
El diseño será complicado. Implicará, de entrada, compensar al consorcio de Acciona con más de 326 millones en concepto de retorno del primer pago realizado por quedarse con el servicio (300 millones), las obras ejecutadas (entre cuatro y cinco millones) e intereses legales meritados, según los cálculos del consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.
Operación mercantil
El grupo de los Entrecanales ya ha dejado claro que esta retribución debe ser mayor y que, llegado el caso, no tendrá reparos en iniciar una nueva batalla legal para reclamar daños y perjuicios. Al margen del capítulo económico, la Generalitat deberá dotarse de una nueva sociedad mercantil para gestionar los activos de ATLL porque liquidó la mercantil que se encargaba de ello tras la firmar con Acciona.
Los socialistas proponen que mientras no exista la sociedad de gestión directa sea la Agencia Catalana del Agua (ACA) la que se encargue de tutelar la compañía que lleva agua potable a más de cinco millones de hogares de Barcelona y su ámbito de influencia.
Medida que no podía prosperar
La proposición ha sido rechazada con 68 votos en contra de CDC, Unió y ERC. Esta mayoría se ha impuesto a los 43 votos a favor de PSC, ICV, Ciudadanos, la CUP y la diputada Marina Geli (la ex socialista mantiene el escaño) y las 19 abstenciones del PPC.
El sentido del voto, en esta ocasión, ha tenido más importancia en el plano institucional que en el real. Aunque la moción hubiera prosperado, la proximidad de los comicios hubiera impedido que se llegara a ejecutar. Se quedaría sobre la mesa y sería el próximo Parlament, con las mayorías a las que se llegue, el que hubiera tenido que tomar cartas en el asunto o guardarlo en un cajón.
Cambio de postura de ERC
El objetivo de la medida era estética. Por remarcar la gestión del Govern y que el futuro de ATLL está en el aire. Depende de los tribunales determinar si Acciona se queda o no al frente de la compañía y no existe un plan B por si falla en contra de los intereses de la Administración, como ha ocurrido hasta la fecha.
El apoyo de los republicanos se enmarca en el acuerdo suscrito con Mas para concurrir de la mano a las próximas elecciones, pero implica un cambio de postura de 180 grados sobre el caso ATLL. ERC defendía desde que se inició la privatización de la compañía que su opción preferida era la gestión pública e incluso llegó a reclamar responsabilidades políticas al Govern por el fiasco en los tribunales. La agenda política es la que manda.
