Los propietarios andorranos de Banco de Madrid apuestan por vender la entidad a un tercero

El actual gestor de Banca Privada d'Andorra (BPA), Rubén Manso, nombrado por la Agencia de Reestructuración de Entidades Bancarias (AREB) del Principado, intenta por todas las vías salvar la joya de la corona del negocio financiero fundado por la familia Cierco: Banco de Madrid. Considera que la liquidación es una mala alternativa para la entidad al tratarse de un proceso lento al que nunca ha dado el visto bueno. Para intentar frenar el proceso de insolvencia, defendió ante el juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid que “lo lógico (y deseable) sería poder plantear una solución coordinada al margen del concurso”.

En un recurso de apelación presentado a finales de mayo alerta de los posibles intereses que pudieran existir detrás del proceso judicial: “Llama poderosamente la atención que se estime como poco probable que Banco de Madrid, en vista de sus ratios de solvencia, liquidez y morosidad, no pudiera ser valorada como una oportunidad de negocio atractiva para el resto de entidades de crédito”.

Crisis de confianza, no de solvencia

Representado por Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira, el gestor de BPA aseguró en el escrito que se trata de “una de las entidades de crédito más saneadas del sector financiero español” y que su futuro estaba amenazado por una “crisis de confianza que no deriva de un problema de solvencia sino de una eventual contingencia relativa a unas supuestas irregularidades”.

El origen de la liquidación se encuentra en la intervención de su matriz, el banco andorrano BPA (es el único accionista), tras la aparición de un informe del Tesoro estadounidense, mediante el Fincen (el organismo que combate el blanqueo y la financiación del terrorismo internacional), que advertía de supuestas irregularidades en la entidad que se intentan demostrar hasta ahora infructuosamente en la justicia ordinaria de andorra en el denominado caso BPA.

Concurso decretado en tres días

El jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí, decretó la intervención de BPA el 10 de marzo. Ese mismo día, el servicio ejecutivo de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias (Sepblac) avisa al Banco de España que esas supuestas prácticas también pudieran ser atribuidas a Banco de Madrid, que nombra a dos interventores para la entidad.

Tres días después, el 13 de marzo, el Banco de España nombra a José Antonio Portugal, José Borrué y Antonio Ricardo Lucio-Villegas administradores de la entidad. Ellos son los que deciden, dos días después, “solicitar su declaración en concurso y a suspender su actividad”.

Solvencia de la entidad

Manso incide en que se trataba de “una de las entidades de crédito más solventes del sistema financiero español y líder en el segmento de banca privada”. Denuncia que en ningún momento se estudiaron otras opciones para capitanear una crisis de confianza que propició una fuga de capitales que el mismo 13 de marzo alcanzaba los 52,3 millones y podía llegar a los 150 en las jornadas siguientes.

“Banco de Madrid disponía de recursos suficientes para afrontar esta posible crisis de confianza al margen del concurso”, incide el escrito remitido al juez. BPA señala que los ratios de solvencia y liquidez de la entidad española le permitían hacer frente a las solicitudes de depósitos a la vista con sus activos líquidos y disponibles “con holgura”.

Activos líquidos disponibles

Afirma que el mismo 13 de marzo, tras haber restituido 124 millones a los depositantes, el banco disponía de “902 millones de euros en activos líquidos o realizables en menos de 24 horas”. Atribuye 155 millones “en tesorería y depósitos con el Banco de España y otras entidades de crédito”; otros 712 millones en “activos de renta fija (deuda pública y corporativa)” y los 35 restantes corresponden a “activos de renta variable”.

Destacanasimismo que podían conseguir otros 13 millones con las “plusvalías tácitas de la cartera de activos financieros de renta fija” y que, como mínimo, se obtendrían otros 100,2 millones con la venta de la cartera de 167 millones en créditos concedidos a clientes si se colocara con descuentos del 40%, muy por encima de los precios medios en otras operaciones parecidas.

Pasivo al que se debía hacer frente

Por lo tanto, la cifra final ascendería a los 1.015,2 millones, suficientes para hacer frente al pasivo de 981 millones que se exigían cuando se declaró el concurso. La existencia de este capital cuestiona la liquidación, un proceso cuyo objetivo es obtener recursos para pagar a los acreedores, y abre la puerta a la venta directa del banco a un tercero.