¿Cuál es la diferencia de los impuestos que se pagan en función de en qué comunidad autónoma se viva en España? ¿Tienen los españoles más presión fiscal en una u otra región española en función de dónde vivan? A la primera pregunta, la respuesta es que la brecha entre lo que paga un español que vive en la Comunidad de Madrid y otro que vive en Cataluña se agranda, pagando menos tasas el primero respecto del segundo. Y a la segunda pregunta, la respuesta es que los españoles sí tienen mayor presión fiscal en función de donde vivan.

Esta brecha podría solucionarse en la próxima negociación del sistema de financiación autonómica que el Gobierno quiere consensuar con las 17 comunidades autónomas, pero éstas tiene reclamaciones de déficit y Cataluña abandera una ruptura con el resto a cambio de un “pacto fiscal” que la equipararía con el cupo previsto en el concierto del País Vasco y que la Comisión Europea no ve con buenos ojos estos privilegios históricos adquiridos.

Con grandes diferencias entre lo que gravan a sus contribuyentes en IRPF, Patrimonio, Sucesiones e ITP, cada autonomía sigue legislando de forma “independiente y caótica”, según refleja un amplio estudio realizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf), órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas de España, en la presentación del Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2014.

Comunidad de Madrid tiene el IRPF más bajo

El informe realiza una comparativa de lo que pagan los contribuyentes por IRPF en las diferentes comunidades autónomas, análisis que arroja sorpresas, ya que junto a Cataluña, que tiene el marginal máximo más alto del 56%, suben cada vez más puestos las regiones de Extremadura, Andalucía y Asturias en lo que se refiere a los impuestos que pagan las rentas medias y altas.

El informe pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid tiene la tarifa del Impuesto sobre la Renta (IRPF) más baja de todo el territorio nacional. Los economistas reflejan en su informe la fotografía sobre los tributos cedidos y los propios de las autonomías del régimen común y resumen del sistema tributario de los territorios forales, así como las novedades fiscales para 2014, entre las que destacan que modifican su tarifa de IRPF Cantabria, Extremadura, Galicia y Madrid.

Madrid es la autonomía con menos presión fiscal sobre la Renta, ya que ha bajado el impuesto 1,6 puntos en 2014, lo que ha rebajado su marginal máximo del 51,9% que compartía con La Rioja al 51,5%.

Cataluña no para de subir impuestos

A juicio de Valentín Pich, presidente del Consejo de Economistas, Madrid es la comunidad con el marco fiscal más estable y favorable a la inversión, frente a las subidas continuas de autonomías como Cataluña que cree que no transmiten el mensaje correcto. De esta forma, el documento muestra que para una renta de 45.000 euros anuales, el pago del IRPF es de 10.375 euros en Extremadura, seguida de Galicia (10.337,61 euros) y Murcia, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León, con 10.337,57, mientras que en Madrid se abonan 10.090 euros. No obstante, Extremadura ha rebajado tipos para bases imponibles bajas, particularidad que comparte con Cantabria.

Desde un límite de ingresos anuales de 100.000 euros, el liderazgo en el pago de la Renta lo asume Andalucía (40.813 euros), seguida de Asturias (40.632 euros), dupla que se repite para rentas de más de 300.000 y 600.000 euros, con un pago de 311.263 y 311.011 euros, respectivamente, en las últimas.

En el impuesto de sucesiones, las comunidades autónomas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, que tenían una tributación simbólica para los parientes más próximos, vuelven a hacerles tributar en cierta medida, mientras que en el de donaciones, la Comunidad Valenciana sustituye la bonificación del 99% para los familiares cercanos por otra del 75 %, lo que atribuyen a la crisis.

En la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, Madrid baja el tipo general del 7 al 6 % y la Comunidad Valenciana lo sube del 8 al 10, en tanto que en los impuestos sobre actos jurídicos documentados, Madrid rebaja del 1 al 0,75 % y la Comunidad Valenciana lo sube del 1,2 al 1,5 %. En el impuesto sobre el patrimonio, aprecian que se ha legislado menos que en otros y algunas -Andalucía, Asturias, Catalunya, Extremadura, Galicia y Murcia- lo han subido, mientras que en Madrid está "totalmente bonificado".

"El principio de corresponsabilidad fiscal no se puede cumplir"

De acuerdo con el informe, las comunidades autónomas cuentan ya con 70 tributos propios, aunque su recaudación les supone un bajo porcentaje de sus ingresos tributarios, menos del 2 % del total y, por alguno de ellos, no se llega a percibir ni lo que cuesta gestionarlos. Según el informe, el sistema de financiación autonómico adolece de transparencia y equidad; es complejo y poco transparente, sin que "la pretendida" corresponsabilidad fiscal sea efectiva.

El catedrático de Hacienda Pública y asesor del Consejo, Luis Caramés, ha señalado que "el principio de corresponsabilidad fiscal no se puede cumplir", a pesar de la amplitud de la capacidad normativa de las autonomías, porque de la recaudación de los impuestos cedidos y debido a los distintos Fondos no queda en cada región más de un 25 %, ya que el resto se reparte según diferentes criterios.

Los expertos consideran que la técnica legislativa de la mayoría de las comunidades es "muy cuestionable", porque se "legisla mucho", se modifica a menudo y los tipos reducidos, reducciones, bonificaciones o deducciones se condicionan a "multitud" de requisitos, que son variables en el tiempo.

La gestión tributaria que hacen las autonomías es muy diferente de unas a otras, lo que repercute en el contribuyente que tienen que asumir los costes que ello supone. La forma de legislar, añaden, difiere, pero, en general, adolece de los siguientes defectos: es muy farragosa y se modifica muy a menudo, por lo que el contribuyente la desconoce y tiene "un difícil control" de los beneficios fiscales, al estar condicionados a "múltiples requisitos" que, en muchos casos, se deben cumplir durante años después de aplicarlos.

Nuevo sistema de financiación

Respecto al nuevo sistema de financiación autonómica que, en breve, emprenderá el Gobierno, Caramés ha opinado que se debería reconducir la división entre régimen foral y común, para evitar el tratamiento asimétrico que redunda "objetivamente en situaciones de privilegio". En su opinión, habría que acabar con las diferencias "significativas" de financiación per cápita, ajenas a "cualquier racionalidad" ligada a las necesidades de gasto.

El experto precisa que la diferencia entre necesidades de gasto y recursos de las autonomías intenta cubrirse con un sistema de subvenciones o transferencias o a través de los diferentes fondos.

Caramés afirma que tendría que desaparecer el axioma de que con el nuevo sistema de financiación ninguna autonomía pierde y todas ganan, como ha primado en las anteriores negociaciones de cada nuevo modelo. En cuanto a qué tributos y capacidad normativa deberían cederse, señala que es difícil ampliar el abanico actual.