Ruido de 155 y sin huevos no hay tortilla

"I tampoc no tenim dret a fer del nostre cas un melodrama tètric. És cert que, políticament, els catalans som una desgràcia perfecta. Però en la vida planera i quotidiana, que és el nostre fort, també tenim molts cops amagats i no pocs avantatges. L'exercici de l'heroisme, coma una professió, a la manera castellana, és una cosa que no hem entès mai. (...) El màxim perill, per als catalans, és la guerra. I no solament perquè no som bel.licosos, sino també, i sobretot, perquè quan toquen a matar i morir, Castella, que té un admirable i horrible sentit de la mort, en fa de seques i de verdes".

Gaziel en "Quina mena de gent som".

A falta de firmas y actos mensurables en términos jurídicos en relación al referéndum por parte del Govern caben como mínimo tres posibilidades: se están comprando urnas en secreto; no habrá urnas y el voto será telepático o telemático para quienes carezcan de poderes mentales; no hay huevos para hacer tortillas.

En los tres escenarios, Gobierno y grupo parlamentario de la bandería independentista tratan de culpar de la frustrante nada de nada al Estado. Incapaces de cumplir con sus compromisos, la tarea del Consell Executiu, del sanedrín de Mas y del órgano coordinador de todo este sainete es que los estafados del procés se giren en contra de los demás, el Estado, Madrid, España, los vecinos que no cuelgan la estelada, en vez de reclamar a los vendedores de humo de una independencia que se iba a proclamar en primera convocatoria el 23 de abril de 2015.

En la vieja y cuarteada Castilla, los que usan puñetas y togas debaten sobre la respuesta judicial y sus consecuencias prácticas. El artículo 155 de la Constitución recupera prestigio y cotiza al alza. En El País, Fernando J. Pérez firma la arrancada del diario con esa tesis: "El control de la policía autonómica catalana, para asegurar su estricto sometimiento a las leyes y a la Constitución, ha pasado a ser una cuestión de urgencia después de que la Generalitat haya colocado al mando a un independentista radical. Los expertos constitucionalistas consultados por El País coinciden en señalar el artículo 155 de la Ley Fundamental como la única vía ordinaria para que el Gobierno central pueda asumir la dirección de ese cuerpo de seguridad. Otras vías legales serían posibles —los juristas apuntan al estado de excepción y sitio o la más controvertida Ley de Seguridad Ciudadana—, pero requieren que haya situaciones extremas como 'graves alteraciones del orden público prolongadas en el tiempo' o 'ataques terroristas y exteriores'. El 155, sin embargo, otorga claramente al Estado la posibilidad de adoptar las medidas que considere necesarias para forzar a una comunidad a cumplir con la Constitución y las leyes, y le permite 'dar instrucciones' a 'todas las autoridades autonómicas' con ese propósito".

En el campo contrario, el escenario en el que se trabaja es de corte resistencialista. Plaza Maidan. Lo que contaba Josep Martí, exalto cargo del PP y luego de Mas, sobre los planes de contingencia para acampar en la Ciutadella. La Razón avanza más elementos de la estrategia en una información de Carmen Morodo, que escribe: "Los preparativos tienen como fecha clave la Diada, que se celebra el 11 de septiembre, porque ahí arrancará una dura campaña para 'encender la calle' y que tendrá su punto más álgido después del 1 de octubre. Cuentan con que tienen asegurados unos 100.000 catalanes, eso que en la nueva jerga del independentismo han bautizado como sus 'soldados', es decir, todo lo que rodea a la ANC, a Òmniun Cultural o a la Asociación de Municipios por la Independencia, por ejemplo. Artur Mas siempre ha soñado que se vería arrastrado por el clamor del pueblo catalán a liderar la construcción de un Estado propio. Pero la realidad es que detrás de ese 'clamor' sí hay la capacidad de sacar a la calle a cientos de miles de catalanes, pero tiene muy poco de espontáneo porque durante los últimos años este movimiento ha sido financiado generosamente con dinero público por la Generalitat y nutrido, además, por los medios de comunicación públicos como TV3".

Isabel Coixet vuelve a dar en el clavo, esta vez en El País: "Los que no pensamos que la independencia sea la mejor de las ideas inmediatamente somos descalificados como fascistas, vendidos al Gobierno central y un sinfín de lindezas. O, en el mejor de los casos, somos invisibles y se nos barre del ágora pública. Otro notición: no ser independentista no significa ser fascista ni de Ciudadanos ni del PP. Significa simplemente que pensamos que ser catalán y ser español no son conceptos antagónicos. Respecto a la consulta, si los partidos políticos lo acuerdan, si se cambia la Constitución —que se puede cambiar— y se establece un marco legal, ¿por qué no?".

Sigue: "Pero un referéndum convocado unilateralmente sin censo y sin ningún control, con el argumento de que basta la mitad más uno para declarar la independencia, no, gracias. Quiero recordar aquí que cuando se convocó el referéndum en Quebec, los porcentajes requeridos para una decisión de ese calibre fueron establecidos por la Corte Suprema con la premisa de que a partir de una clara y rotunda mayoría (no la mitad más uno) habría una obligación por parte del resto del país a renegociar el encaje de Quebec en Canadá".

Los partidarios del soberanismo terminal celebran con champán porque el cava es de pobres que las fuerzas del orden tengan un nuevo jefe de la porra nada sospechoso de confraternizar con los españolazos. Bernat Dédeu encabeza la conga con su columna en El Nacional: "A casa hem celebrat la dimissió d’Albert Batlle com a cap de la policia catalana, sobretot perquè quan un socialista perd la cadira la notícia sempre s’ha de rebre amb alegria i xampany. A mesura que s’acosta el referèndum d’autodeterminació, el Govern purga el seu greix sobrant d’autonomisme, la qual cosa vol dir que abandona la hipoteca de la por. Que l’espanyolisme hagi rebut la irrupció del nou cap de la policia, Pere Soler, com un cas de hooliganisme totalitari i de puresa independentista mostra fins a quin punt la normalitat en la gestió d’un país (en aquest cas, que hom gaudeixi d’una policia al servei del seu poble) ha estat una excepció en la política catalana dels últims lustres. La policia és nostra, certament, i aquesta no és una sentència colpista ni excloent, sinó la frase que hauria de poder pronunciar qualsevol habitant d’una nació pròspera i recta".

Una, grande y libre. Sin complejos.

Señores. El fútbol es mentira. Es como las series de televisión, pura ficción. Hay más verdad en el pressing catch que en el balompié. El presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, ha sido detenido por la Guardia Civil y se le acusa de haber trincado de los partidos amistosos de la selección nacional. Aquí no se habla de un club, sino de la Federación, de todos los clubes y del equipo de España.

Pedro Águeda y Marcos Pinheiro firman el texto en eldiario.es sobre esta catástrofe: "El poder que ha acumulado Ángel María Villar durante 29 años al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le habría permitido mover a la selección de fútbol, uno de los emblemas del país, según los intereses económicos de su familia. Los investigadores de la Operación Soule creen que Villar propuso, y terminó imponiendo, amistosos para La Roja con el plan preconcebido de que fondos de la RFEF empleados en los mismos acabaran en las empresas de su hijo Gorka".

Como todo está conectado, en la Generalitat se malician que la detención de Villar forma parte de un in crescendo que comenzó con Rosell y podría acabar en Puigdemont. ¿Quién será el siguiente negrito? En el mundo de la finanzas cunde el pánico. España, ese inconcreto contradictorio de jueces, fiscales y maderos, está en fase Torquemada.

19 de julio, santoral: Áurea, Rufina, Justa y Martín.