Euforia independentista por una amnistía universal

El independentismo echa las campanas al vuelo y brinda con cava de la casa por la redacción ¿definitiva? de la ley de amnistía, el artefacto jurídico que según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, será en el futuro una "referencia mundial", una norma "europea" ajustada a los más estrictos estándares de calidad en materia de técnica legislativa. Cómo será la cosa de sustancial que el ministro no pudo por menos que decir "me felicito" en la comparecencia ante la prensa para anunciar el alumbramiento de semejante prodigio jurídico-político.

En sintonía con ese estado de ánimo eufórico, la portavoz de Junts en el Parlament, Miriam Nogueras, el secretario general del partido, Jordi Turull, y el exdiputado y exabogado de Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas, rondaron ufanos por los medios para asegurar que la ley no sólo permite amnistiar a Puigdemont y demás sino que faculta la persecución por prevaricación de los jueces que dificulten la aplicación en toda su integridad de la poliédrica ley, una navaja suiza.

Plenas de orgullo y satisfacción, las partes celebraron el acuerdo e hicieron votos para seguir negociando en el ambiente constructivo y de concordia que ha caracterizado las negociaciones, según confirman todas las fuentes y los jaleadores. Pero ojo cuidado que en lontananza se avizoran nubes que presagian el mantenimiento de la actividad tormentosa en torno a la ley, sus patronos y sus beneficiarios.

"Jueces y fiscales advierten que la nueva redacción de la amnistía no asegura el blindaje total de Puigdemont", apunta El Mundo. Un jarro de agua fría en el vino. El texto es de Ángela Martialay, quien tras apuntar que el análisis es fruto de las opiniones de jueces y fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, pasa a diseccionar la ley: "Entre los principales cambios introducidos en el texto de la Amnistía se encuentran los que afectan a los delitos de terrorismo y la malversación de caudales públicos, dos cuestiones especialmente delicadas de cara a Europa. En el caso del terrorismo, la proposición de Ley obvia cualquier referencia al Código Penal y se centra en señalar que quedan excluidos de la amnistía "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos". Jueces y fiscales, expertos en la lucha antiterrorista, explican que incluso con la citada directiva es posible perseguir el terrorismo callejero -la denominada kale borroka en el País Vasco- al que el Tribunal Supremo aludió cuando abrió causa a Puigdemont por Tsunami Democràtic".

Sigue el texto: "Las fuentes jurídicas y fiscales consultadas recuerdan que el artículo 3 de la citada directiva europea insta a todos los estados miembros a "adoptar las medidas necesarias para que se consideren delitos de terrorismo" los actos intencionados, tipificados como delitos según los respectivos derechos nacionales que, "por su naturaleza o su contexto", puedan lesionar gravemente a un país o a una organización internacional cuando su autor los cometa con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o a desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país".

Líneas después, Martialay explica que "por otro lado, en la nueva redacción de la amnistía, socialistas e independentistas se han esforzado en distinguir la malversación que no podrá ser eliminada con la Ley: se amnistiará este delito pero "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento". Los juristas consultados coinciden en señalar que se trata de un aspecto "absolutamente irrelevante" ya que esa distinción no existe en el Código Penal. "Da igual que el dinero malversado sea para ti o para un tercero lo determinante es el apoderamiento de los fondos públicos", indican fuentes fiscales. En este sentido, la jurisprudencia consolidada viene sosteniendo, desde hace décadas, que "el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de los delitos de apropiación". De hecho, el tipo penal de la malversación no requiere el enriquecimiento del autor sino la disminución ilícita de los caudales públicos, en palabras del propio Supremo".

En cualquier caso, el acuerdo fue posible gracias al extraordinario evento de que Junts y ERC consensuaran qué cambios había que introducir en la norma para que pasara la ITV de Waterloo. Apasionante relato de una conversación entre Marta Rovira y Jordi Turull. Ya está tardando Netflix es montar la serie. Esa "llamada a Ginebra" es la sustancia de la crónica en El Diario que firma Oriol Solé Altimira: "Por si algo le faltaba a la amnistía, Jordi Turull sufrió un infarto. El percance inesperado del secretario general de Junts, del que ya se va recuperando –once días sin fumar, y subiendo–, no ha impedido el acuerdo para la ley más importante de la legislatura. Aún convaleciente, su intervención resultó clave para cerrar el pacto junto al PSOE y ERC. Las negociaciones a dos bandas entre el PSOE y los independentistas no se rompieron, pero el acuerdo no terminaba de llegar. Había cierta inquietud. En Junts mantienen que los socialistas ponían pegas a sus propuestas porque, según les decían, ERC no las veía bien. Fuentes de la negociación del equipo del PSOE admiten que esas conversaciones llegaron a convertirse en un auténtico galimatías por la incomunicación de los independentistas entre ellos mismos: cada iniciativa de ERC era trasladada a su interlocutor socialista, Félix Bolaños, que daba cuenta a su compañero de filas, Santos Cerdán, para que a su vez diera parte a los representantes de Junts. Y lo mismo de vuelta".

Continúa la nota: "Así que recién salido del hospital, Turull decidió llamar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Ginebra. Esta llamada precisa de contexto: Turull y Rovira son los interlocutores al más alto nivel entre dos partidos, Junts y ERC, y unos líderes, Puigdemont y Junqueras, que siguen llevándose igual de mal. Ambos se conocen desde hace años y ensamblaron su relación en la sala de máquinas de ese artefacto fracasado que fue Junts pel Sí –de puertas para adentro, los puñales volaban–. Después, él pasó por la cárcel y ella buscó refugio en Suiza, donde sigue viviendo. Aunque sus formaciones rivalicen, saben que entre ellos tiene que haber un mínimo diálogo. Turull y Rovira se pusieron de acuerdo muy rápido, según fuentes al corriente de la conversación. Los equipos jurídicos de Junts y ERC tenían que trasladar una propuesta común a sus respectivos interlocutores socialistas –el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán y el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños– para evitar más demoras en el acuerdo. “No es que el PSOE nos tomara el pelo, pero ponía problemas”, sintetizan desde el bando soberanista".

Piel de gallina. Turull y Rovira deshaciendo el entuerto...

De los flecos de la norma destaca esta pieza de El Confidencial: "La amnistía perdona 9,5 millones a Puigdemont, Mas y otros altos cargos catalanes en multas del Tribunal de Cuentas". Artur Mas ha cantado bingo. El hombre que lo echó todo a robar acabará este largo proceso con su fortuna personal intacta. Enhorabuena al titán de Tuset. Escribe Antonio Fernández: "La reclamación de 9,5 millones de euros a altos cargos independentistas por la organización del referéndum y la promoción exterior de Cataluña quedará en agua de borrajas con la ley de amnistía, pactada ya por el PSOE, JxCAT y ERC. El Tribunal de Cuentas reclamaba esas cantidades a unas cuarenta personalidades, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs y Jordi Turull, el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell o el exsecretario general del Diplocat, el organismo que realizaba los contactos diplomáticos del Govern, Albert Royo".

A pesar de que ayer La Vanguardia daba por liquidado el "Procés", Puigdemont dedicó buena parte de sus afanes en redes sociales a señalar que la cosa continúa, que la autodeterminación es posible. "Tenemos todo el derecho a continuar el 'Procés'", destacó el tuitero en jefe en un mensaje en X. En Vozpópuli aventuran además que "Puigdemont seguirá apretando a Pedro Sánchez: impulsará el cierre de la Audiencia Nacional". Ahí es nada. El texto viene con la firma de Javier Portillo: "Carles Puigdemont ya tiene en mente el siguiente paso. El expresidente catalán está dispuesto a exprimir a Pedro Sánchez todo lo que pueda y ya pide a Moncloa que se atreva a hacer "reformas" para que España sea una "democracia consolidada". Fuentes de Junts consultadas por este diario no vacilan: una de ellas es el cierre de la Audiencia Nacional. El independentismo siempre ha considerado al organismo un ente arcaico heredero del franquismo y destinado a servir a los intereses políticos de una judicatura fascista. Y los siete diputados de Junts en el Congreso intentarán hacer valer su peso para que el Gobierno ceda. Los medios independentistas llevan tiempo pidiéndolo: “Si la ley no alcanza la finalidad para la que se ha hecho, no es una buena ley. Y, por tanto, debe mejorarse. Y, si es necesario, debe acompañarse de las medidas necesarias para que tenga el efecto que el parlamento pretende (…) por ejemplo, disolver la Audiencia española, cambiar la definición de terrorismo en el código penal o perseguir penalmente a los jueces prevaricadores”, se lee en Vilaweb".

Sigue Portillo: "El Tribunal en el que opera el juez Manuel García Castellón es un objetivo prioritario. Y en estas, los independentistas catalanes cuentan con el apoyo de los vascos, que también lo consideran “de excepción”. Las fuentes de Junts consultadas apuntan que también promoverán el cambio en el Código Penal para modificar el delito de terrorismo. Y todo pese a que el nuevo redactado de la ley de amnistía, que se votará en pleno previsiblemente el próximo 14 de marzo, recurre a una argucia parecida: fijar el derecho europeo como base para que se rijan los togados a la hora de aplicarla".

Pero no todo es amnistía. Hay más noticias. Los Presupuestos de la Generalitat peligran. Los señores y señoras de Cataluña en Común sumando y con el mazo dando se oponen a su aprobación si no se cobran el fin del proyecto del casino de los indios seminola en Salou. Y en Junts se han descolgado con la petición de que se suprima el impuesto de sucesiones. Los agricultores siguen en pie de guerra y el Govern dando palos de ciego. "El Parlament aprueba impulsar una renta básica agraria pero bloquea la gestión pública de los precios de los alimentos", señala El País.

En el sumario se explica que "Los grupos parlamentarios aprueban el cambio de nombre del Departamento de Acción Climática, que incluirá las palabras Agricultura, Pesca y Ganadería". Ah, fenomenal. Era una petición de los agricultores, que es gente tendente a llamar pan al pan y tal. No entienden la cosa esa sofisticada y urbanita de ERC, el concepto dinámico y transversal de la "acción climática". El texto es de Luis Velasco: "Una de cal y otra de arena para el Govern que preside Pere Aragonès. El Parlament de Cataluña ha votado este jueves las propuestas de los partidos políticos, que dan respuesta a las reivindicaciones del sector agrario, realizadas durante el debate monográfico de agricultura y ganadería que comenzó el martes. El pleno ha aprobado la propuesta de Junts, PSC y Units para establecer una renta básica agraria que permita “ser activada en casos de emergencia” y que ha salido adelante con el apoyo de los comuns, ERC y CUP. Pero ha rechazado la creación de la Distribuidora Pública Alimentaria, el ente con el que ERC pretendía regular los precios de los productos agrarios".

Sigue la pieza: "La renta básica busca preservar y garantizar el relevo generacional en el sector primario. La idea es que los jóvenes agricultores puedan “disfrutar de la liquidez suficiente para hacer frente a las inversiones” al incorporarse al mercado laboral y facilitar la adherencia en esta actividad económica que representa el 19% del PIB catalán. También apuesta por elevar la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos de este sector y ajustar las cotizaciones a la Seguridad Social".
Y: "La propuesta de ERC, CUP y en Común Podem para crear la Distribuidora Pública Alimentaria, un ente que habría vehiculado la compraventa de los productos de proximidad, no ha salido adelante después de que haya sido bloqueada por Junts y el PSC. “Es una medida más propia de un país comunista que de uno de emprendedores como es Cataluña”, ha señalado la diputada de Junts, Anna Feliu, en el debate previo al sufragio de las propuestas para dar respuesta a las reivindicaciones del sector agrario, que hasta la semana pasada cortaban las principales carreteras de Cataluña para reclamar una simplificación de la burocracia, unos precios más justos de los productos y una flexibilización de las restricciones por la grave sequía. ERC quería crear la empresa pública con el objetivo de asegurar “la competitividad de las explotaciones y el acceso a una alimentación asequible y saludable”, pero solo ha contado con el apoyo de las tres formaciones que se pusieron de acuerdo antes de la votación de este jueves".

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Santoral: Juan de Dios, Dutaco, Esteban de Obazina, Félix de Domnoc, Humfrido, Litifredo, Poncio de Cartago, Provino de Como, Senano, Teofilacto y Veremundo.