Los juristas hablan sobre el 'futuro' derecho civil catalán

El Libro VI del Código Civil catalán, el proyecto de ley con el que la Generalitat pretende desconectar del Derecho privado español, ha sido valorado por varios juristas durante su tramitación parlamentaria. Tal como informó ayer Crónica Global, esta nueva norma es abordada por el Gobierno autonómico como una estructura de estado que regula las obligaciones y contratos al margen de las leyes españolas. Su aprobación es inminente, siempre y cuando el Consejo de Garantías Estatutarias dé el visto bueno, ya que Ciudadanos ha solicitado un dictamen.

Uno de los expertos independientes --no han participado en la elaboración del texto-- que desfilaron por la Comisión de Justicia fue el catedrático de Derecho Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, Llorenç Prats. Su discurso fue contundente. "El poder legislativo de nuestro Gobierno presentó un proyecto que tiene una intencionalidad política: regular la compraventa, enfrentándola con la regulación del Código Civil general", dijo Prats. Un proyecto, añadió, que intenta crear un "código civil ex novo. Y lo siento mucho, pero es un planteamiento de enfrentamiento, y no creo que sea el planteamiento que yo quiero recomendar a mi legislador".

La doctrina del Constitucional

Advierte de que, con esta regulación --contratos de alimentos, las compraventas de inmuebles y, en un futuro, los procedimientos hipotecarios--, se podría estar contribuyendo a "fragmentar más todavía el mercado europeo y a desproteger más aún a nuestros consumidores".

El catedrático se remite a la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual compete al parlamento catalán la conservación y desarrollo del Derecho Civil catalán. “No se puede decir que toda la competencia en derecho civil sea del Parlament", precisa.

Por su parte, el profesor de Derecho Mercantil de la Universitat de Barcelona, Daniel Vázquez, reconoce que uno de los temas principales es el problema competencial y el "punto de partida aquí es tener en cuenta que no somos tan modernos como en la mayoría de los países, donde se ha abandonado la distinción entre derecho civil y derecho mercantil". Una distinción importante porque la "legislación mercantil es competencia exclusiva del Estado y eso no se discute, está muy claro en la Constitución". 

"Funambulismo" y "hiperregulación"

En cambio, la legislación civil es, en el ámbito de los contratos, una competencia compartida entre Estado y comunidades donde tienen un derecho foral, lo que “nos lleva en ocasiones a hacer unos ejercicios de funambulismo un poco extraños". No obstante, Vázquez entiende que se debe desmitificar el concepto unidad de mercado, pues a su juicio, ello no implica una uniformidad. Pone como ejemplo Estados Unidos, donde hay unidad, pero no todos los estados tienen la misma norma. "No escondo que, realmente, muchas normas pueden ser problemáticas, y aquí es verdad que tenemos una hiperregulación". Sin embargo, a diferencia de Prats, afirma que fragmentación no implica necesariamente inseguridad o desprotección del consumidor.

Para el notario Juan Gómez Martínez, la constitucionalidad de la nueva norma "está fuera de toda duda" y, aunque admite que el derecho mercantil no es competencia de la comunidad autónoma, precisa que el proyecto de ley regula ventas de consumo, que es diferente. "Es un tema delicado", dice.

La catedrática de Derecho Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, Susana Navas Navarro, tampoco ve invasión de competencias por parte de la Generalitat, pero si una complicación "innecesaria" en lo que respecta a consumo, donde confluyen unas normas generales y otras particulares.