El TC esperará al 28S para anunciar su rechazo a la prohibición de las corridas

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) declarando inconstitucional la ley del Parlamento de Cataluña que prohíbe las corridas de toros está lista. Pero tanto el alto tribunal como el partido del Gobierno estiman que no sería idóneo hacerla pública antes del 27-S, ya que provocaría la indignación de los sectores más nacionalistas y, según los estrategas de Génova, quitaría más votos que proporcionaría.

Pero tampoco puede seguir congelada sine die, ya que las elecciones generales de diciembre pueden dar paso a un Ejecutivo mayoritariamente antitaurino y, de rebote, un TC de la misma orientación.

Más comunidades autónomas

Además de Canarias y Cataluña, los nuevos gobiernos de al menos otras cuatro comunidades autónomas --Galicia, Baleares, Aragón y la Comunidad Valenciana-- ya han dado un aviso prohibiendo corridas en las principales ciudades y denegando subvenciones, algo que lleva como bandera Podemos, a pesar de haber matizado su oposición frontal al irrumpir en el mapa electoral.

También hay división en Ciudadanos, donde algunos dirigentes como la valenciana Carolina Punset se han pronunciado en contra hasta de los bous al carrer sencillamente “porque va en contra del signo de los tiempos”.

No obstante, en el resto de España, con Andalucía y Castilla-la Mancha a la cabeza, a pesar de que sus ejecutivos son del PSOE, se vería bien el apoyo constitucional a la tauromaquia, incluido el País Vasco, aunque hay voces contrarias, y Navarra, donde los Sanfermines son intocables. En este caso, como en casi todos, España presenta un mapa asimétrico de simpatías y rechazos que, también como en casi todo, evoluciona hacia un futuro incierto.

Récords de premura y demora  

La cuestión es tan delicada, según algunos juristas, que incluso tratándose de dos leyes del ejecutivo catalán que invaden competencias exclusivas del Estado, nítidamente definidas en la Constitución, el TC tardó siete meses y 30 minutos en declarar inconstitucional la convocatoria del referéndum de cartón del 9-N. Ya lleva cuatro años y 10 meses, desde el 28 de octubre del 2010, sin pronunciarse sobre la abolición de los toros. Récord entonces y récord ahora.

En este último caso es incompresible, ya que el según jurista y empresario Ignacio Lloret, la sentencia no es nada compleja. Bastaría con aplicar que es competencia exclusiva del Estado la “defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la explotación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas" (artículo 140, punto 28 de la Constitución).

Patrimonio cultural español

En el 2011 el Gobierno de España, socialista por entonces, reconoció mediante real decreto la condición de la Tauromaquia de disciplina artística y producto cultural y su inclusión en Ministerio de Cultura.

El partido que lidera Mariano Rajoy tiene mayoría en el tribunal para sacar adelante una sentencia que deje en agua de borrajas la ley del Parlament. Solo tres de sus 12 miembros, según los seguidores de sus biografías, son abiertamente contrarios a las corridas de toros. No es el caso del presidente, Francisco Pérez de los Mozos, murciano y ex militante del PP. O del también antiguo afiliado, el sevillano Andrés Ollero Tassara, apellido este último ligado a una importante ganadería de toros bravos.