Terrassa gasta más dinero en recuperar la gestión del agua que en vivienda social

Recuperar la gestión pública del agua en Terrassa (Barcelona) es un objetivo que solo en asesoría legal costará a la ciudad 320.000 euros: 200.000 se destinarán a pagar minutas de abogados y otros 120.000 a consultas jurídicas para que todo el proceso de remunicipalización del servicio se realice con total pulcritud, según fuentes cercanas al equipo de gobierno.

El primer paso para acabar con el modelo de concesión de Mina Pública d’Aigües de Terrassa se dio este jueves en un pleno municipal extraordinario. Se aprobó que los bienes de la gestora de agua reviertan a la ciudad al finalizar el contrato vigente con los votos a favor de PSC, CiU (socio de gobierno), Terrassa en Comú, ERC y la CUP, y las abstenciones de Ciudadanos y PP. A la concesionaria, una filial de Aguas de Barcelona (Agbar), le vence la adjudicación a finales de diciembre.

“La ciudad abre una nueva etapa”, aseguró el alcalde, socialista, Jordi Ballart. El problema, según los interlocutores consultados, es el elevado coste que supondrá para las arcas locales. Los 320.000 euros superan partidas tan delicadas del presupuesto vigente como las políticas sociales de vivienda (316.000 euros), promoción de la Tercera Edad (244.000 euros) y promoción de la salud (253.000 euros), entre otras.

Batalla legal por el coste de la expropiación

Todo ello, sin contar con que el Ayuntamiento de Terrassa deberá buscar los 60 millones de euros que costará expropiar los bienes de la suministradora de agua, según cálculos de la concesionaria del servicio. La cifra se queda lejos de los dos millones de euros que el comisionado del agua del consistorio, Joan Gaya, asegura que cuestan los activos propiedad de la compañía que realiza la prestación.

La discrepancia es carnaza de los tribunales. Ballart ha admitido que se “deberá reforzar el presupuesto del año que viene” en servicios jurídicos y el director general de la concesionaria, Josep Lluís Armenter, ha reconocido que trabajan en dar forma al recurso contencioso administrativo contra la decisión del pleno. Y es que, además de dar luz verde a revertir los bienes de la compañía, la mayoría de la sala también ha rechazado el recurso de reposición que había presentado Mina para prolongar el contrato hasta junio de 2017.

Reto laboral

Otro reto que está pendiente de resolver es encontrar los fondos públicos necesarios para abonar los costes laborales de los trabajadores de la compañía. Fuentes sindicales aseguran que el coste anual es de unos seis millones de euros. Además, han mostrado su preocupación por las garantías de empleo actual en el caso que se opte por crear una empresa pública para continuar con la gestión de Mina de Terrassa.

El Gobierno del PSC y CiU ha abierto un proceso participativo en la ciudad que culmina en primavera para decidir si se repite el modelo de concesión privada, se opta porque el servicio se realice directamente por una empresa pública o se constituye una sociedad mixta.

Mina de Terrassa es una de las pocas gestoras del agua en Cataluña que se encarga de la gestión del ciclo integral. La ciudad tiene sus propios pozos de agua en alta, por lo que no está adscrita a la red de ATLL, y la misma empresa que se encarga de captar y tratar el agua la distribuye por el municipio y se encarga de la depuración final.