Mina de Terrassa amenaza con llevar al alcalde de la ciudad ante la justicia

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha recibido esta semana un Burofax en el que los gestores de agua del municipio le exigen una rectificación oficial sobre las presuntas amenazas que habría recibido por querer municipalizar el servicio. Firma la reclamación el director general de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, Josep Lluís Armenter, que cuenta con la unanimidad de los miembros del consejo de administración para iniciar el proceso. La compañía es propiedad de Agbar.

Fuentes cercanas a la compañía aseguran que si el alcalde socialista no da el paso, llevará el asuntos ante los juzgados.

Presiones, amenazas y propuestas ilegales

La polémica surge a raíz de una entrevista que Ballart realizó el pasado 10 de octubre en el diario catalán El Punt/ Avui. En ella, aseguraba que recibía “presiones y amenazas por la cuestión del agua” como “amenazas, anónimos, extorsiones en mi casa, llamadas, propuestas que infringen la ley”.

Indicó que el Gobierno municipal había recibido “muchos impedimentos, muchas obstrucciones, presiones y propuestas unilaterales, y en algunos casos, ilegales” ante la finalización de la concesión del servicio de agua en la localidad. Asimismo, manifestó que el operador había “condicionado el hecho de pasar información a crear una empresa mixta, y eso se llama chantaje”.

Presuntas calumnias contra el grupo

“En ningún caso las ha realizado Mina Pública d’Aigües de Terrassa”, indica la petición oficial del grupo a la que ha tenido acceso Crónica Global. La gestora de agua local asegura que las manifestaciones de Ballart “podrían ser constitutivas de calumnias” y afirma está dispuesta a llegar hasta el final para que rectifique.

“Pensamos que una cosa es que existan discrepancias jurídicas”, reconoce el director de la operadora, “y otra que acuse a la entidad a la que represento de acciones que Mina Pública nunca ha cometido”. Manifiesta que “no tienen necesidad” de perpetuar este tipo de acciones porqué están convencido de la “solidez jurídica de nuestro posicionamiento”.

Decisión en el aire

La concesión del operador vence el próximo diciembre. La decisión sobre la naturaleza jurídica de la empresa que tomará el relevo a Mina de Terrassa tomará en el próximo pleno y la posición del PSC es capital. El partido del alcalde, que Gobierna con apoyo de CDC, decantará la balanza entre los que piden que se constituya una sociedad mixta y los que apuestan por la municipalización.

Ballart es partidario de esta última opción, aunque la división que existe en la agrupación local del PSC deja su posición final en el aire. La decisión tendrá consecuencias económicas, ya que se deberá compensar al operador por las infraestructuras que ha desarrollado durante los años de gestión, y laborales. La plantilla se deberá subrogar y teme la pérdida de condiciones laborales o, directamente, que no se pueda completar el proceso y pierdan su empleo.