Los Cierco se querellan contra las autoridades andorranas

Los Cierco han ido un paso más allá en su estrategia legal y han presentado la primera querella criminal contra las autoridades andorranas por el caso BPA. Los accionistas mayoritarios del banco intervenido han acusado al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado (UIFAnd), Carles Fiñana, de los delitos de uso de información privilegiada, revelación de secretos, omisión del deber de persecución de delitos, prevaricación, de no proteger a los intervinientes en un proceso (es decir, a ellos), coacciones y amenazas.

Así consta en el escrito que presentaron ante los tribunales del país el pasado 28 de febrero. En él, la familia afirma que se consideran las “primeras víctimas de un atropello sin precedentes en la historia de nuestro país”, según el documento al que ha tenido acceso Crónica Global.

Vinculación con la ‘operación Cataluña’

Aseguran que “ha habido y aún existe una especie de complot o pacto del silencio” en el entorno del caso. Vinculan de nuevo la caída del banco con la operación Catalunya, creada para desactivar presuntamente el proceso soberanista catalán al sacar a la luz los tejemanejes económicos de la familia Pujol Ferrusola en el Principado.

Los querellantes mantienen que en el marco de este supuesto proceso existía la “connivencia o al menos el conocimiento de determinadas instituciones andorranas” de lo que estaba sucediendo. Señalan directamente a Fiñana por la relación que tuvo con las autoridades españolas. Especialmente con el abogado del único “testigo de cargo” que existe en la macrocausa del BPA, David Carrau, letrado de Rafael Pallardó; y con uno de los fiscales del caso Pujol, Fernando Bermejo.

Encuentros de Fiñana con Riera y Bermejo

Los tres coincidieron el 24 de abril de 2014 en la Universidad de Bucarest en una conferencia sobre criminalidad organizada. La impulsó la sociedad Opus Lex, presidida por un antiguo compañero de universidad del jefe del UNIFAnd, Manel Riera. Este letrado es, además, el socio profesional de Carrau, el abogado de Rafael Pallardó. De aquí la primera vinculación.

Bermejo también asistió en ese encuentro. Más tarde, el 22 de octubre de 2014, los Cierco reportan en la querella otro acto en la facultad de derecho de Galati (Rumanía) en el que participaron de nuevo Riera, Bermejo y Fiñana.

¿Intercambio de información?

“Existen indicios para pensar que el jefe de UIFAnd facilitó información sobre hechos que afectaban a BPA o recibió detalles o elementos del que se estaba preparando y podía afectar al banco que posteriormente se intervendría”, indican los Cierco. Recuerdan que si Fiñana hubiera facilitado algún tipo de información de la entidad en estos círculos habría incurrido en un delito. Y grave, si se tiene en cuenta que la caída de BPA tambaleó la credibilidad de toda la plaza financiera andorrana.

Señalan, asimismo, que el exresponsable de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Española, el comisario Marcelino Martín Blas, había informado a Fiñana de los detalles de las gestiones que había realizado en Andorra. Así consta en una querella anterior que Higini Cierco presentó contra el agente y contra el agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso.

Presunto aviso de la acción del FinCen

El comisario, según el relato, habría avanzado al responsable de UIFAnd que el organismo que lucha contra el blanqueo de capitales internacional que dependen del Tesoro de EEUU, el FinCen, estaba trabajando en el documento que haría caer al banco. La Notice que retiró un año después por falta de evidencias.

Incluso aportaron una nota que lo demuestra fechada a 21 de diciembre de 2014, casi tres meses antes de la publicación del escrito que se llevó por delante BPA, escrita supuestamente por el comisario José Manuel Villarejo.

Declaración de un ciudadano

Rematan su argumentario con una declaración ante notario de un ciudadano de Andorra. En ella, se cuenta una conversación de este particular con Fiñana en la que el responsable de vigilar a los bancos del Principado le habría explicado que BPA sufriría unos daños irreparables antes de la publicación de la Notice. Es decir, que conocía los hechos que se iban a producir.

Las fechas son importantes para los querellantes. UIFAnd había emitido dos certificados firmados por su máximo responsable el 24 de enero de 2011 y el 17 de septiembre de 2012 en el que se avalaba que BPA cumplía la normativa vigente en el Principado. Pero cambió de tercio en la memoria de 2015.

Tras la decisión de marzo de ese año del FinCen de sancionar al banco andorrano y su posterior intervención pública y liquidación, Fiñana afirmó que se investigaba a la entidad desde 2010. Cambió el sentido de los dos certificados de buenas prácticas anteriores, otro indicio del “complot o pacto del silencio” que denuncian de forma reiterada ante los tribunales y que tiene como consecuencia más evidente la caída de BPA.