¿Por qué no te vacunas?

Las largas colas ante los centros de salud saturados están aseguradas en buena parte de España para obtener desde del martes una de los 13,2 millones de dosis adquiridas por el Ministerio de Sanidad. El departamento de Illa adelantó la campaña y decidió que solo se administren en centros ambulatorios, hospitales, residencias o domicilios. 

Guerra enfermería/farmacia

El ensayo, ante la mayor campaña de vacunación que se ha vivido jamás, la del Covid, ha sacado al campo de batalla a enfermeros y farmacéuticos, dispuestos a colaborar como hacen en Portugal, Francia, Italia, Reino Unido e Irlanda.

Los enfermeros defienden que la ley les otorga en exclusiva la administración de vacunas, salvo que se acometa una reforma legislativa. Mientras presionan, incluso con huelgas, a las consejerías con sus reivindicaciones de cobertura legal para recetar medicamentos, mejores salarios e igualar las ratios por habitante con otros países europeos.

Ayuda rechazada

Como ha hecho con la venta de test de antígenos de coronavirus, Sanidad también rechaza la oferta de las 22.000 farmacias y 54.000 farmacéuticos como puntos extra de vacunación, que supondrían un alivio para los centros de salud atascados. Y las boticas no tendrán las dosis que otros años vendían entre 8 y 15 euros, según la OCU. El colectivo farmacéutico asegura que tampoco pedían ser ellos quienes las administrasen sino ofrecerse como un centro sanitario más donde ponerla un enfermero desplazado allí. 

El Consejo General de Enfermería acusa a los boticarios de querer hacer negocio. “Solo lo quieren ganar dinero”, subraya el sindicato SATSE al tiempo que anuncia que acudirá a la vía judicial si alguna comunidad, como ha apuntado Madrid, claudica “ante sus presiones” por “intrusismo profesional”. 

Una de las vacunas experimentales contra el coronavirus / EP

Funcionarios expectantes

La situación amenaza con poner también a la cola a personas con seguro médico privado o funcionarios con modelo Muface. Hasta ahora solían ir a las farmacias con receta privada a comprarlas y después ponérselas, unas 100.000 el año pasado, en sus centros privados. Esperan ser inmunizados directamente en ellos, en ayuntamientos, diputaciones u otras instituciones. 

“En la situación actual habrá ciudadanos que prefieran no desplazarse a un centro de salud. Resulta contradictorio hablar de facilitar el acceso a las vacunas y que no haya disponibilidad en las farmacias”, lamenta el Consejo General de Farmacéuticos.

Paradoja sanitaria 

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, reconoce la paradoja de que enfermeros o médicos, que mayoritariamente defienden la utilidad de las vacunas, no refrenden sus opiniones en la práctica: apenas tres de cada diez se vacunaron la temporada pasada contra la gripe.  

La organización colegial apuesta por concienciarles de que vacunarse forma parte de su deontología y buena praxis, y de que atienden a una población de riesgo en muchos casos a la que pueden contagiar una infección como la gripe que cada año provoca 50.000 ingresos hospitalarios y se cobra 15.000 vidas en España. El Consejo de Enfermería ha puesto en marcha en toda España una macroencuesta para conocer el porqué del rechazo a la vacunación y enfocar futuras campañas para aumentar los índices.

Recomendable, no obligatoria

En algunos países europeos y en EEUU los hospitales obligan a los profesionales a vacunarse, pero en España todas son solo una recomendación. Algunos juristas creen que podría obligarse ante un brote epidémico como el Covid, echando mano de la Ley General de Sanidad Pública, que establece que en esta materia debe primar siempre el bien de la colectividad. 

Pero, como podría ocurrir con la del Covid, siempre depende la interpretación judicial. El especialista en derecho sanitario Ricardo de Lorenzo plantea la necesidad de una ley Orgánica de Salud Pública o, en su defecto, una reforma de la actual por vía de urgencia que concrete las competencias del Gobierno y los autonómicos y las decisiones que puedan adoptar estos sin ratificación judicial, y cuáles la exigirán por entrar en conflicto con derechos fundamentales. La pandemia está trayendo numerosos y conflictivos ejemplos.