El TSJC rechaza la suspensión del protocolo Covid en los colegios catalanes

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado las medidas cautelares presentadas por un grupo de padres y madres de alumnos que pedían suspender el protocolo Covid impuesto por la Conselleria de Educación en las escuelas catalanas.

Tras desestimar la petición de forma provisional hace una semana, los denunciantes habían pedido la suspensión de manera cautelarísima de estas medidas. Una vez la Generalitat y la fiscalía se han posicionado sobre el caso, los jueces han dictado un segundo auto en el que vuelven a rechazar la petición, de modo que la decisión definitiva queda a la espera de que la causa siga su curso.

Piden que se eliminen las cuarentenas

En este recurso contra el protocolo de Educación, los denunciantes inciden en los apartados que hacen referencia a las cuarentenas. El sistema actual dicta que los alumnos no inmunizados de los cursos de infantil y primaria deben confinarse cuando haya cinco o más positivos en el aula, mientras que los de secundaria y bachillerato deben hacerlo cuando se dé un solo caso en la clase, algo que estas familias consideran discriminatorio.

No obstante, el TSJC razona que “la existencia de riesgos para la salud pública derivados de situaciones de contacto social es indudable”, de modo que la afectación de suspender los protocolos en las escuelas “para la población en general, para el personal en estadio escolar en particular y para el interés público que se trata de proteger” sería “muy relevante”.

Protocolos avalados por las autoridades sanitarias

Para la sala, la situación causada por la pandemia “requiere que se dispense a las medidas de protección del interés de la salud pública la mayor tutela posible” y, si se suspendiera el protocolo, “quedarían sin regulación o prevención las situaciones de contacto social en los colegios, donde los riesgos de contagio son sobradamente conocidos”.

Asimismo, el tribunal sostiene que los protocolos impuestos en las escuelas “vienen avalados por informes de las autoridades sanitarias e incluso de instituciones docentes y educativas”, mientras que los demandantes no han aportado ningún estudio técnico que los contradigan. Por tanto, mantienen los protocolos vigentes actualmente en el sector educativo.