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Oscar Camps, cofundador de Pro-Activa y de Open Arms, en una imagen promocional / CG

Las prácticas antisindicales del salvador de refugiados

Óscar Camps, fundador de Open Arms y Pro-Activa Serveis Aquàtics, se arriesga a perder los contratos públicos tras ser condenada su empresa por vulneración de derechos fundamentales

27.08.2019 00:00 h.
5 min

Solidario en el mar, condenado en tierra. Óscar Camps, fundador de la oenegé Open Arms de salvamento de refugiados y migrantes y cofundador de la empresa de socorrismo Pro-Activa Serveis Aquàtics, se arriesga a perder los contratos públicos por su dudoso hacer en tierra. Ello es así porque la mercantil de Camps ha sido condenada por prácticas antisindicales, en un fallo en el que el juez ve vulneración de derechos fundamentales.

El fallo avala lo denunciado por este medio y su socio El Español en diversas informaciones. Felipe Soler, ponente de la sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), avaló en octubre de 2018 que el despido de un empleado fue "nulo por vulneración de derecho fundamental". Obligó la sala a readmitir al trabajador, del que prescindieron Camps y Pro-Activa tras afiliarse éste al sindicato CGT. Asimismo, el magistrado ponente condenó a la sociedad de socorrismo a abonar 6.251 euros en concepto de indemnización por daños morales y notificó la resolución a la Fiscalía del TSJC por si el ministerio público quería iniciar diligencias de investigación.

"Represión" contra un sindicalista

El fallo del juez de la segunda instancia corrige la resolución del juzgado de Lo Social y recoge que "tenemos varios indicios que permiten sospechar con fundamento que la decisión empresarial extintiva pudo responder a una represalia por la actividad sindical del actor". Recuerda el juez que el demandante participó en la subrogación del personal de Cruz Roja por parte de Pro-Activa en 2016 en calidad de representante del sindicato CGT. Ello provocó que el trabajador "no superara el periodo de prueba pese a tener una experiencia previa pareja a sus compañeros, pues no en vano la demandada contrató a la práctica totalidad de la plantilla que trabajaba en Cruz Roja".

Cree probado pues el juez Soler que hubo "lesión de derechos fundamentales" tras la "importante actividad" sindical desempeñada por el afectado, que fue uno de los que capitaneó la dura negociación para subrogar unos 100 empleados de Cruz Roja en Pro-Activa cuando esta empresa ganó el concurso de socorrismo en Barcelona en 2017.

Contratos públicos en riesgo

Preguntado por las consecuencias que puede tener la sentencia, Pro-Activa no ha contestado a los requerimientos informativos de este medio. Los sindicatos creen que pueden ser graves. "Si no la ha recurrido, que entendemos que es así, Pro-Activa debe ser apeada de los concursos públicos", avisan fuentes de la parte social. ¿Por qué? "Porque cometer delitos contra los derechos de los trabajadores es causa de prohibición de contratar por parte de la administración", advierten, citando la Ley 8/2017 de Contratos del Sector Público [leer aquí]. "Y en el fallo del TSJC, negro sobre blanco, queda claro que Pro-Activa, la empresa que fundó Oscar Camps, ha vulnerado derechos fundamentales".

A la espera de conocer si la mercantil ha recurrido o no lo ha hecho, lo que convertiría en firme el fallo de la sala social del Tribunal Superior, lo que sí se conoce son los contratos públicos que opera Pro-Activa. Por lo pronto, la empresa que fundó Camps ganó este año las licitaciones públicas de El Prat de Llobregat (cerca de 110.000 euros); Alicante (682.458,06 euros); El Campello (452.460 euros), Departamento catalán de Justicia (32.524,80 euros); Ayuntamiento de Ripollet (7.322,92 euros); Arenys de Mar (114.216,25 euros); Caldes d'Estrac (73.870,50 euros), Mataró (199.302,35 euros, dato del 2018, el contrato se extendió) y Badalona (246.648,00 euros). En otras palabras, si la sentencia es firme y los licitadores públicos ejercitan su derecho a excluir a la empresa de Camps en virtud de la ley de contratación, el empresario y activista difícilmente podría salvar a su empresa. No en vano, el Registro Mercantil consigna un beneficio bruto antes de impuestos de 103.318 euros en 2016, último ejercicio disponible. Una red de seguridad insuficiente para aguantar tamaño varapalo.

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