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Ciudad de la Justicia donde los funcionarios han denunciado al Ministerio / EUROPA PRESS

"Nuestra vida está en riesgo": Denuncia de los funcionarios de Justicia

Los sindicatos piden a la Audiencia Nacional que aplique medidas cautelarísimas ante la falta de protección y recursos para prestar los servicios

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Los sindicatos de funcionarios de la administración de Justicia han presentados sendas denuncias contra el Ministerio de Justicia ante la Audiencia Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona, ante la falta de medidas de protección ante la epidemia del coronavirus.

Los delegados de prevención de los sindicatos STAJ, CSIF y CCOO han presentado la denuncia en representación de todo el colectivo de funcionarios que desempeñan su trabajo en la Administración de Justicia de Cataluña. Se tramita "ante la negativa por parte del Ministerio de adoptar medidas de disponibilidad para prestación de servicios esenciales en muchos órganos judiciales donde consideramos que no es necesaria la presencia efectiva salvo que hubiese algo urgente e inaplazable, y ante la falta de equipos de protección individualizados". 

Todo ello "es acorde a la situación real que estamos viviendo, a las recomendaciones sanitarias y al Decreto de Estado de alarma, en aras de proteger a todos los funcionarios de la administración de justicia en Cataluña que representamos", han explicado en un comunicado.

Asimismo, STAJ pide a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelarísimas ante "el riesgo que corren nuestras vidas". En su escrito, exigen que se faciliten a los integrantes de los órganos judiciales de todo el territorio nacional, durante la vigencia de la epidemia del Covid-19 "los equipos individuales de protección necesarios (EPI)". Y que se "proceda a evaluar individualizadamente los riesgos que, por sus circunstancias personales, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia a los que ha ordenado desempeñar sus funciones, asumen por ello". Asimismo, reclaman dispensar a los funcionarios "de prestar sus servicios a favor de las demandadas, en tanto en cuanto aquellas no les provean de los EPI".