Munar culmina su trayectoria judicial: seis condenas y 14 años de cárcel

Tras un periplo judicial de más de diez años, la trayectoria de la expresidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ante los tribunales ha llegado a su fin. A sus espaldas pesan seis condenas y un total de catorce años y medio de cárcel. Los cumple desde 2013 en el centro penitenciario de Palma de Mallorca por auspiciar, durante varias legislaturas, la comisión de múltiples actuaciones ilegales que engloban desde la compra con fondos públicos de votos a favor de su partido, la extinta Unió Mallorquina (UM), a contrataciones, también con dinero de las administraciones, de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores de proselitismo para la formación.

Munar, nacida en Barcelona en 1955, se introdujo en la política muy pronto. De hecho, en 1979 se convirtió en la primera alcaldesa en liderar un municipio de Baleares (en concreto de Costitx, del que es oriunda) y en 1982 participó en la fundación de UM junto con otros integrantes de UCD –del que formaba parte– tras la desaparición de éste. Y, tras ello, presidió la histórica formación isleña entre 1990 y 2007, décadas durante las cuales, mientras el partido se erigía en socio clave para que tanto PP como PSOE pudieran gobernar en las islas, sus dirigentes urdían las numerosas artimañas ilegales que acabaron por derrotar a UM con su disolución en febrero de 2011.

Siete años de inhabilitación, su última condena

La exdirigente uemita, conocida en Baleares como Sa Princesa, ha vuelto este lunes a verse las caras con un tribunal pero esta vez, como ya lo hiciera en las últimas ocasiones, para alcanzar un acuerdo de conformidad con las acusaciones. En concreto, por favorecer desde el Consell a Studio Media, una de las mercantiles más próximas a UM que fueron regadas con fondos de la institución insular. Munar ha aceptado siete años de inhabilitación tras declararse culpable de haber prevaricado para beneficiar a la anterior empresa.

Uno de los episodios más sonados en la carrera política y judicial de Munar tuvo lugar el 26 de febrero de 2010. Ese día, la entonces presidenta del Parlament, el cargo de mayor rango que había ostentado hasta entonces, se vio obligada a dimitir después de que quien había sido su delfín político, Miquel Nadal, la incriminase en una de las varias causas abiertas contra UM al acusarla ante el juez de haberle entregado, en su coche oficial, un total de 300.000 euros en metálico para comprar la mitad de una de las mercantiles que estaban siendo sufragadas de forma irregular con dinero público.

Munar anunciaba así la retirada de la vida política, una larga carrera que incluía, antes de alcanzar el sillón de la Cámara autonómica, haber presidido durante doce años el Consell, propiciando los sucesivos pactos alcanzados con partidos de distinto color político siempre que ella se mantuviera en lo alto.

Riesgo de contar con fondos en el extranjero

La antigua alto cargo fue condenada por primera vez en julio de 2012. Sobre ella cayeron cinco años y medio de cárcel posteriormente confirmados por el Tribunal Supremo por delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad. Los hechos, haber amparado el desvío de hasta 240.000 euros a la empresa Vídeo U mientras ésta era controlada a través de testaferros por Munar y Nadal y utilizada como medio de difusión de los intereses de UM.

Un año después, en julio de 2013, la Audiencia Provincial de Baleares decretaba la segunda condena contra la acusada: seis años de prisión por fraude y revelación de secretos a raíz de la adjudicación irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge a la constructora catalana Sacresa. El mismo día en que Munar conocía la sentencia, la Fiscalía pedía el ingreso en prisión preventiva para ella debido a su elevado riesgo de fuga y ante la posibilidad de que contara con fondos en el extranjero que le permitieran sustraerse de la acción judicial. El tribunal acordaba de inmediato que la expresidenta fuese conducida a la cárcel, de la que, desde entonces, únicamente ha salido para atender a las distintas comparecencias judiciales a las que ha sido citada con posterioridad.

Cobró un soborno de dos millones de Sacresa

Sin embargo, el asunto de Can Domenge no finalizó ahí. El ministerio público sostenía, en un procedimiento paralelo, que Munar había cobrado parte de los cuatro millones de euros que Sacresa pagó a varios dirigentes de UM a cambio de serle concedidos los anteriores solares. Sa Princesa acabó siendo condenada a otros tres años de prisión acusada de un delito de cohecho por percibir, de la cantidad global, dos millones de euros.

Parte del juicio será imposible de olvidar: tal y como quedó acreditado, el soborno fue transportado en una bolsa desde Barcelona en dos entregas distintas --dos millones en cada una— para acabar siendo repartido, una vez en Mallorca, entre varios de los integrantes de la cúpula de UM. Una parte del dinero fue empleada en beneficio del partido.

De nada habían servido lágrimas ni arrepentimientos. Y es que, durante ese juicio, Munar había manifestado entre sollozos no sólo estar privada "de libertad física", sino que estaba "muerta política, económica y socialmente". Sin embargo, el fiscal se dirigió al jurado que se encargaba de juzgar la causa para pedirle que no se dejara intimidar por el "sufrimiento" de la expolítica mallorquina: "La responsabilidad de ese sufrimiento no es de los que hacen cumplir la ley, sino del que se aprovechó de su cargo para saltársela".

Trabajadores de UM contratados con dinero público

El año pasado, Munar alcanzó su primer acuerdo de conformidad. Junto a otros diez acusados, se declaró culpable de permitir el desvío de 200.000 euros públicos con la contratación, con dinero del Consell, de una treintena de trabajadores que en realidad se dedicaban a buscar votos a favor de UM, cuya exlíder fue condenada a pagar más de 57.300 euros en multas. Decidió pactar al igual que lo hizo, de nuevo, el pasado 30 de noviembre: aceptó abonar un total de 68.500 euros tras admitir que se lucró al favorecer la recalificación de unos terrenos próximos al aeropuerto de Palma conocidos como Son Oms.

A partir de ahora, Munar podrá disfrutar de sus primeros permisos penitenciarios mientras recorre la senda que aún le queda por transitar dentro de la cárcel y otros dirigentes del partido se sientan en el banquillo por los flecos relativos a UM que aún quedan por ser juzgados. El próximo, por el presunto desvío de 41 millones de euros públicos durante la ejecución de la carretera Palma-Manacor que debían ser utilizados en el desdoblamiento de esta vía. Hasta trece acusados se encuentran a la espera del juicio –cuya vista previa está fijada el próximo 14 de febrero– bajo peticiones de condena que suman un total de 154 años de cárcel.