Munar recurre su condena de tres años porque recibió un "trato discriminatorio"

"El trato discriminatorio sufrido le ha creado una grave indefensión". Es uno de los principales alegatos que la defensa de la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear Maria Antònia Munar vierte en su recurso contra la condena de tres años de cárcel que le fue impuesta. El tribunal la consideró culpable en el caso Can Domenge, por cobrar dos millones de euros de soborno a cambio de la adjudicación de los terrenos palmesanos a favor de la empresa Sacresa.

En un extenso escrito al que ha tenido acceso Crónica Global, el abogado de Munar, José Antonio Choclán, lamenta la "diferencia de trato" entre su patrocinada y el resto de acusados por estos hechos y ello en atención a un veredicto redactado "de manera absolutamente desigual ante situaciones idénticas".

Dádiva de cuatro millones

La exdirigente histórica de la extinta Unió Mallorquina (UM) fue además condenada al pago de una multa de seis millones de euros. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares –ahora impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia al tratarse de un procedimiento juzgado por un tribunal del jurado– considera acreditado que la dádiva abonada por Sacresa a Munar y otros dos ex altos cargos ascendía a cuatro millones de euros.

De esta cantidad, la resolución declara probado que dos millones, la mayor parte del reparto efectuado del soborno, fueron a parar a los bolsillos de la expresidenta insular en atención a la "posición de control" que ostentaba al frente del Consell.

Apreciaciones subjetivas

Una conclusión que rebate con vehemencia su letrado, quien asevera en su recurso que el hecho de que su defendida fuese la máxima responsable de la institución insular "no acredita el hecho específico de una mayor participación en el reparto de la dádiva", una presunción que el abogado considera "contra reo" así como una "apreciación subjetiva" y no "un hecho objetivo que lo corrobore".

Junto a Munar fueron condenados el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal –en su caso a un año y diez meses de cárcel y al pago de tres millones–; el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens –un año y medio y dos millones de multa–; el intermediario que intervino en la recepción y el pago del cohecho –ocho meses de cárcel–, y el propietario de Sacresa, Roman Sanahuja –nueve meses–.

En prisión desde julio de 2013

Munar, una de las españolas que mayor trayectoria política acumuló durante décadas –en 1979 se convirtió en la primera alcaldesa de Baleares, con 24 años– hasta que su imputación en varios casos la llevaron a dimitir de todo cargo, se encuentra en prisión desde julio de 2013, cuando ingresó en ella tras ser condenada a seis años por la propia adjudicación de los terrenos de Can Domenge –el pago del soborno se juzgó de forma separada en septiembre–.

También pesa sobre ella una condena de cinco años y medio por desviar hasta 240.000 euros públicos a la productora que, junto a Nadal, controlaba mediante testaferros mientras era presidenta del Consell.