Multan a un usuario de Twitter por amenazar a Lorena Roldán

El hombre que llamó "mala puta" y "cerda" a Lorena Roldán el año pasado por Twitter ha sido condenado por la Audiencia de Tarragona. El usuario de la red social del pájaro azul tentrá que pagar unos 700 euros por los insultos y las amenazas vertidas contra ella. 

El montante se desglosa en una indemnización de 250 euros por daños morales y en una multa de 450 euros por las intimidaciones --15 euros al día durante un mes--. A ello se le suma, además, los costes del procedimiento judicial. La sentencia dada a conocer hoy revoca la absolución del tuitero que dictaminó el juzgado de primera instancia de la causa.

Amenazas con "hostias" y orina

El suceso ocurrió el 3 de agosto del año pasado. Roldán había realizado una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio en el que había declarado que en Cataluña "Torra hay de todo menos estabilidad". El perfil social del programa en Twitter reprodujo esta declaración y un internauta contestó con los insultos anteriormente citados. Agregó, además, que sería capaz de "estabilizar" a la recientemente nombrada portavoz de Ciudadanos en el Congreso "con un par de hostias" y con rociarla con orines si se acercaba a Osona. 

El usuario borró el ofensivo tuit y su cuenta en la red social después de que se desatara la polémica y varios medios recogieran el suceso. También pidió disculpas --cosa que ha influido para que la jueza fijara la cuantía de la multa-- y achacó la publicación al "nerviosismo" e "indignación". Pero Roldán ya había denunciado el caso ante los Mossos d'Esquadra. 

Amenazas para "anunciar un mal"

La Audiencia tarraconense asegura que las palabras escritas por el tuitero "son lo suficientemente claras, taxativas y autoevidentes" para "anunciar un mal" hacia la líder de Ciudadanos en el Parlament. Además, asegura que tienen la "suficiente entidad para producir zozobra y malestar en la víctima como para al menos representarse la necesidad de extremar su protección personal". 

La magistrada que ha revisado el caso argumenta que las amenazas juzgadas "generan un efecto de desasosiego" e "intranquilidad" y como "representante público, se produce un efecto claro de desaliento en quien decide proponerse como representante de una legítima opción política". Hace referencia, también a la situación política que se vive en Cataluña: "... el contexto político existente no reduce la entidad conminatoria de las amenazas, sino que todo lo contrario, las exacerba notablemente, produciéndose además una clara afectación del pluralismo político".