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El juez del 'caso Cursach', Manuel Penalva

El juez del 'caso Cursach', apartado de la causa por falta de imparcialidad

Los magistrados sustentan su argumento en un intercambio de whatsapps con la principal testigo del caso

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Cuando se cumplen un año y tres días desde que el magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach ingresara en prisión por presuntamente liderar durante décadas una red de extorsiones dirigida a mantener a flote su negocio y hostigar a los empresarios de la competencia, la Audiencia Provincial de Baleares ha acordado apartar de las investigaciones al juez que le envió a la cárcel, de forma provisional y sin fianza, el 3 de marzo de 2017. El motivo, la falta de imparcialidad que, según el tribunal, ha imperado en su instrucción.

Los magistrados han adoptado tal decisión en sendos autos tras deliberar en torno a los dos incidentes de recusación planteados contra el juez Manuel Penalva, encargado de las pesquisas desde que fuesen incoadas en 2013. Uno de ellos es el instado por la defensa del que fuese número dos al frente del imperio Cursach, Bartolomé Sbert, a raíz de las conversaciones que tanto Penalva como su mujer y el fiscal del caso, Miguel Ángel Subirán, habrían mantenido vía whatsapp con la testigo principal sobre la que se sustenta buena parte de la causa.

Conversaciones entre juez y testigo

En uno de los mensajes que el instructor remitió a la testigo, prostituta que inicialmente situó al exdelegado del Gobierno en Baleares y expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y al exconcejal del partido Álvaro Gijón en las orgías que Cursach habría costeado para granjearse su favor --confesiones de las que posteriormente se desdijo--, Penalva le transmitía su apoyo: “Ánimo María José” o "Nosotros nos creemos lo de la agenda [en la que la trabajadora sexual dejó anotados los nombres de Rodríguez y Gijón como clientes del prostíbulo que aquélla regentaba], pero me da miedo que estos hijos de puta consigan sembrar la duda sobre su autenticidad y a quien hay que convencer es al tribunal".

Se trata de manifestaciones que, según los recusadores, traslucen “una enemistad manifiesta respecto de los investigados y sus letrados” y que muestran “no sólo su interés” en las investigaciones sino también “su obsesión”, que “se expande y contamina a todas las piezas que se forman o dimanan de la presente pieza principal, viéndose comprometida objetivamente la apariencia de imparcialidad”. Y aseveran que la expresión proferida por el juez en el curso de dichas conversaciones (“hijos de puta”) “compromete su apariencia de imparcialidad por cuanto perturba la imagen de exquisita imparcialidad y ausencia de valoraciones previas que debe presidir su actuación en el futuro”.

Jurisprudencia del Constitucional

Ante tal escenario, la audiencia se ampara en la jurisprudencia desplegada hasta el momento en relación al derecho a la imparcialidad de los jueces, principalmente procedente del Tribunal Constitucional, así como en las garantías contempladas por el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, el Convenio Europeo de derechos humanos, la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, la Convención Americana sobre derechos humanos y, finalmente, la Carta Africana sobre derechos humanos y de los pueblos.

Bartolomé Cursach (d), empresario de la noche mallorquina, y su mano derecha, Bartolomé Sbert (d), detenidos en una imagen de archivo / EFE

Bartolomé Cursach (d) y su mano derecha, Bartolomé Sbert (d), detenidos en una imagen de archivo / EFE

“Se dice que imparcial es el juez que resuelve conforme a derecho, está libre de influencias ajenas y no tiene otros motivos para decidir que no sean los que le proporcionan la Constitución y la ley”, asevera el tribunal en este contexto. Por ello, señala que las expresiones proferidas en este caso por el juez del caso Cursach “comprometen su apariencia de imparcialidad en la medida en la que este hecho debilita la capacidad del instructor de generar la confianza de las partes y de la sociedad respecto a su posición como tercero”.

El tribunal precisa al respecto que “no se trata de analizar si el juez ha perdido la imparcialidad, ni tampoco se cuestiona la profesionalidad del recusado, ni su capacidad para la independencia y la imparcialidad, sino su posición institucional en el proceso como tercero ajeno e indiferente que, como adelantábamos, es la que consideramos comprometida”.

Sospechas fundadas

Y, en este sentido, la sala subraya que los datos aportados en torno a la actuación de Penalva “permiten afirmar que la apariencia de imparcialidad del juez recusado para continuar instruyendo (…) no supera el estándar objetivo”, lo que, añade, “razonablemente sustenta la percepción de sospecha” manifestada por la defensa de Sbert, quien el pasado 18 de diciembre salía de prisión, en la que al igual que Cursach ingresó en marzo del pasado año, tras abonar una fianza de 500.000 euros. Esto ha conducido al tribunal a admitir por tanto la recusación y a apartar al magistrado, definitivamente, del conocimiento de las investigaciones.

Penalva, sin embargo, se oponía el pasado diciembre a su recusación y, mediante un informe de 192 páginas, denunciaba la campaña de descrédito a la que aseguraba estar sometido: “La situación ha llegado a un punto que tanto fiscal como juez nos vemos en la necesidad de portar habitualmente un arma de fuego (hasta cuando tiro la basura), además de adoptar otra serie de diferentes medidas de seguridad activa y pasiva, cuyo coste económico asumimos personalmente, todo ello con la consiguiente inquietud e intranquilidad que genera a nuestras familias e incluso vecinos”.

“En 25 años de carrera profesional, nunca he vivido una situación ni siquiera mínimamente parecida, y no me refiero a las sucias maniobras de algunos investigados y determinados abogados, sino al sistemático acoso sufrido por investigadores, y sobre todo por los testigos de la causa”, subrayaba.

Intervención del CGPJ

Penalva llegó incluso a solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --que accedió a concedérselo-- ante el “continuo hostigamiento” que atribuía al entorno de Cursach desde que salieran a la luz las supuestas presiones a la testigo clave del caso. Desde entonces, aseguraba, sufre constantes seguimientos y pintadas amenazantes e insultantes en las inmediaciones y en la puerta de su domicilio y denunciaba incluso el incendio de un vehículo en el garaje del edificio de viviendas en el que reside.

A todo ello se suman diferentes protestas llevadas a cabo a las afueras de los Juzgados de Palma: más de 300 personas, entre ellas familiares de Cursach y empleados de sus empresas, salieron a la calle en sucesivas manifestaciones para reclamar la detención de Penalva y Subirán.

Importancia de las apariencias

Uno de los investigados más críticos con el juez ha sido el director de una de las macrodiscotecas de Cursach, Jaime Lladó, investigado en el caso: “El hecho de que el señor juez instructor, en sus resoluciones, se considere objeto de una conjura coordinada de los abogados es algo cercano a la paranoia”, subrayaba su defensa en el escrito con el que se sumó a la recusación del magistrado.

Y alegaba que “todo lo que rodea esta causa está marcado desde hace meses por el escándalo y ese escándalo tiene una víctima principal: la confianza que tiene la sociedad en la Administración de Justicia”. De hecho, la audiencia, en uno de los autos dictados para acordar que Penalva se aparte del caso, hace hincapié en la importancia de las apariencias puesto que, entre otros motivos, "lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos".