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Una parada de taxis en la zona del Fòrum de Barcelona / CG nuevo

El Gobierno prepara un real decreto-ley para salvar al taxi

El Consejo de Ministros quiere aprobar un real decreto-ley para dejar sin validez la sentencia del Tribunal Supremo sobre las licencias de VTC

18.04.2018 09:46 h. Actualizado: 10.05.2019 17:24 h.
4 min

El Gobierno prepara una jugada maestra para evitar que el conflicto del taxi se convierta, aún más, en un problema de primer orden. A falta de varias semanas para que el Tribunal Supremo emita la sentencia definitiva sobre las licencias de VTC, el Consejo de Ministros se reunirá para aprobar un proyecto de real decreto-ley para establecer las condiciones definitivas que regulan la actividad de empresas como Uber o Cabify.

El Ejecutivo espera que la justicia dé la razón a la CNMC y elimine todas las trabas legales a las que Uber y Cabify han hecho frente durante este tiempo para poder ejercer en ciudades como Madrid o Barcelona. Por ello, el Gobierno quiere elevar a rango de ley las limitaciones existentes a las VTC para dejar sin validez la decisión final del Supremo, medida que no todos los populares comparten y que algunos se han atrevido a calificar de "cacicada". 

Aprobación en dos semanas

El próximo viernes 20 o 27 de abril, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobará dicho proyecto por tramitación de urgencia para adelantarse a la decisión del Tribunal Supremo. Tal y como informa El Confidencial, el Ministerio de Fomento ha elaborado un borrador del decreto-ley de tres páginas, al que ha tenido acceso Teknautas, en el que describe dos de las limitaciones clave que seguirá imponiendo a los coches VTC que operan con Uber y Cabify: el cumplimiento del ratio 1/30 (un vehículo VTC por cada 30 taxis) y la obligación de realizar menos del 20% de los servicios en otra comunidad autónoma, algo que en el sector se conoce como 'habitualidad'.

Estas dos limitaciones son justo las que el Tribunal Supremo puede tumbar en los próximos días. De ser así, el sector quedaría totalmente liberalizado y sería, posiblemente, el final del taxi como se conoce hasta ahora. El Gobierno quiere evitar a toda costa que esto ocurra y la forma más efectiva es elevando esas dos limitaciones al rango de ley para 'blindarlas' contra la inminente sentencia del Supremo. 

Opiniones contradictorias

Mientras algunos cargos del PP quieren evitar episodios similares a las manifestaciones violentas del verano pasado en Barcelona o la quema de coches de Cabify en Sevilla durante la última Feria de Abril, algunas fuentes del sector aseguran que esta nueva ley del Gobierno protege a unos, los taxistas, en detrimento de otros y concluyen que es un abuso del poder ejecutivo. 

La decisión está tomada y solo hace falta hacerla efectiva. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha contado con el apoyo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y la opinión del Ministerio de Economía para proponer el decreto-ley. Aun así, de aprobarse dicho decreto, el Tribunal Supremo podría recurrir ante el Tribunal Constitucional si se considerara que la ley se ha creado a mala fe por lo que el Constitucional podría tumbar con facilidad la reforma del Ejecutivo.