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Fotomontaje de Gerardo Díaz Ferrán con el puerto de Mahón de fondo / CG

El juez envía al banquillo a Díaz Ferrán por el amaño de amarres en Baleares

La fiscalía sostiene que una de las empresas del expresidente de la CEOE recibió tratos de favor para ser adjudicataria de sujeciones en varios puertos de las islas

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Prevaricación, revelación de secretos, alteración de precios en concursos, tráfico de influencias y cohecho. Son los delitos por los que el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma ha enviado nuevamente al banquillo al empresario Gerardo Díaz Ferrán y a otros 12 acusados por los supuestos tratos de favor que habría recibido el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para que una de sus mercantiles resultara adjudicataria de la gestión de amarres en los puertos de Mahón (Menorca), Ibiza y Formentera.

El juez les ha impuesto además una fianza civil de 50 millones de euros. Se trata de una de las numerosas causas de corrupción política que se encuentran pendientes de juicio en Baleares y por la que serán juzgados antiguos altos funcionarios de la autoridad portuaria de las islas, entre ellos su expresidente Francesc Triay y varios empresarios vinculados a Trapsayates, la sociedad beneficiaria del presunto amaño investigado.

Amaño bajo los mandatos de PP y PSOE

En su escrito de acusación sobre los hechos, la fiscalía señala que éstos se produjeron entre 2005 y 2008, que coinciden con los mandatos tanto del PP como del PSOE. De hecho, relata que fue bajo la última legislatura de Jaume Matas (2003-07) cuando el que fuese presidente de la APB y líder del PP Joan Verger --ya fallecido-- ofreció en secreto a los responsables de la empresa Club Marítimo de Mahón (CMM) alterar a su favor el resultado del concurso por el que debía resolverse la concesión para explotar los amarres del puerto menorquín.

A cambio, Trapsayates, que había sido inicialmente ganadora y que quedaba así desbancada, recibiría una contrapartida económica y amarres por renunciar al concurso. También resultaría ganadora de forma irregular en otro proceso para la gestión de amarres, en este caso en Ibiza.

Amarres valorados en 4,5 millones

Tal y como expone Anticorrupción en su escrito, otra de las mercantiles propiedad de Díaz Ferrán, Teinver, alcanzó un acuerdo con el CMM con el fin de que aquélla percibiera 13.523 euros y tres amarres de 27 metros de eslora valorados en hasta 4,5 millones.

A partir de 2007, cuando la presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) recayó en manos del socialista Francesc Triay, éste decidió participar de forma activa en numerosas reuniones dirigidas a continuar con los amaños en el concurso de Mahón. Su actuación, según los investigadores, fue además determinante para que el concurso del puerto de Ibiza Nueva fuese adjudicado a Semar en diciembre de 2008, también vinculada a la "omnipresente" --en palabras de la fiscalía-- Trapsayates. 

El ministerio público alude así a una "trama" y a unos "pactos y contraprestaciones ilícitas" que acabaron beneficiando a Díaz Ferrán en unas operaciones que las acusaciones consideran que deben declararse "nulas".

Irregularidades que "repugnan por su descaro"

No termina ahí el relato de la fiscalía. Anticorrupción asevera que obran en la causa otros acuerdos encubiertos que "repugnan por su descaro, ilicitud y trascendencia económica". Estos pactos eran demostrativos además "de lo que por entonces era el caldo de cultivo en la APB" y de una "corrupción sistémica" a la que ya aludió el juez en julio de 2016 cuando se puso fin a la instrucción. 

El juez señalaba en su auto cómo fue adjudicada a Semar, de forma ilegal, y por un sobreprecio pactado previamente de al menos 25.440 euros, la ejecución de una "asistencia técnica para la redacción del plan director del puerto de Mahón", que no fue concluida en su totalidad.

La resolución hacía hincapié en cómo el exdirector de la Autoridad Portuaria Ángel de Matías --también acusado-- y el asesor Justo Aguado adquirieron "de forma no aclarada" dos viviendas ubicadas en el edificio Marina de Portixol, cuya empresa constructora era Dragados --filial de ACS-- y que "había participado en el deslinde de dominio público previo a la construcción".