Cursos obligatorios para los propietarios de perros, excepto los usados para caza, pastoreo y guarda

Los perros suben un escalón en el ambiente familiar y sus dueños deberán realizar unos cursos para cumplir con la nueva ley de protección animal aprobada por el Consejo de Ministros. Sin embargo, el anteproyecto hace una distinción entre el can que hace compañía y el que tiene una labor útil en el mundo rural.

Las reticencias expuestas por el Ministerio de Agricultura habrían influido en el redactado final de dos artículos, para que estos cursos obligatorios para los propietarios no aplicaran en el caso de los perros dedicados a la caza, el pastoreo y la guarda de animales. Pero deberán ser registrados de forma diferente hasta ahora.

Los perros trabajadores

Los canes utilizados para cazar deberán estar inscritos en el registro de animales de compañía, que todavía está por desarrollar. Los propietarios se verán obligados a vincularlos a su licencia de caza o de ganadero, y para criar con ellos también deberán pasar por un papeleo similar.

Perros adiestrados para encontrar trufa negra / Andrea Cairone en UNSPLASH

Respecto a los perros de pastoreo o guarda de ganado con acceso al exterior, si el propietario no está en el registro de criadores y pudieran tener acceso no controlado a otras especies de canes, deberán contar con un dispositivo de geolocalización. En el caso de los de caza, si no están inscritos en los respectivos registros, se exigirá a esterilización.

En vigor a finales de 2022

Esta ley que ha impulsado el Gobierno, avanzada por 20minutos, distingue entre los perros de compañía y el resto en los artículos 33.2 y el 35. En los que están obligados, en el primer epígrafe del anteproyecto, a ser esterilizados siempre que convivan, permanezcan en espacios abiertos o puedan relacionarse con otros animales de la misma especie y distinto sexo.

En el artículo 35 se estipulan los cursos de formación acreditados y que “todos los perros deberán cumplir los criterios de clasificación por sociabilidad”. Esta nueva normativa ha sido elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales y entraría en vigor antes de que finalice 2022.