Condena a la Generalitat por falta de control a un violador reincidente

La Audiencia de Barcelona ha condenado a ocho años de prisión a Jaime Riera por agredir sexualmente a un menor de 10 años cuando llevaba una pulsera con GPS. El dispositivo de geolocalización se encontraba sin batería cuando ocurrió el ataque, cuyo control dependía de la Generalitat, por lo que se pide indemnizar a la víctima con 5.350 euros.

En la sentencia, la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha condenado a la Generalitat como responsable civil subsidiaria a indemnizar a la familia del menor con 350 euros por las lesiones sufridas y con 5.000 euros por el daño moral causado.

El fallo de la Audiencia

La Generalitat colocó una pulsera con localización a Riera por su peligrosidad, ya que había sido condenado nueve veces por cometer delitos sexuales y, pese a ello, hubo más de quince días en los que el aparato no tenía cobertura, ya que no emitía señales de localización. Ante la situación, "ningún funcionario, persona u organismo" de los Servicios Penitenciarios emitió ningún informe ni acordó "lo pertinente" para resolver la ausencia de control, según el fallo.

El tribunal concluye que carece de "lógica y racionalidad" que se encomiende al propio penado la función de tener la batería de la pulsera de localización siempre cargada, "pero carece todavía de menos lógica y racionalidad no prever que si aquél lo incumple, el organismo no adopte el mismo día los mecanismos necesarios para poder restablecer la conexión".

Dispositivo poco habitual

Según fuentes cercanas a la consejería de Justicia consultadas, este dispositivo de localización no es una medida habitual, ya que tan solo dos personas han llevado una pulsera de estas características, una de ellas el propio Riera.

Los organismos encargados de su control son el Servicio de Medidas Penales Alternativas y el Servicio de Medio Abierto de la Dirección General de Servicios Penitenciarios. La sentencia ha concluido que ambos entes no ejercieron de forma "efectiva" y "eficaz" las medidas de control para el seguimiento y localización del condenado.

En primer lugar, porque se encomendó a Riera la función de cargar la batería y, si el dispositivo se vaciaba, dejaba de emitir la señal de localización, como ocurrió en febrero de 2016, el día que agredió al menor.El otro hecho, que el tribunal recrimina a la Generalitat es el poco control y seguimiento que se hizo de la localización de Riera, puesto que no hubo ninguna intervención cuando el dispositivo de localización se quedó sin batería.

Abuso a un niño en Sarrià

Los hechos por los que se ha condenado al acusado ocurrieron en febrero de 2016, cuando el menor, que en aquel momento tenía diez años, salió solo de su casa, en el barrio de Sarrià de Barcelona, para comprar el periódico.

Cuando la víctima volvía a su domicilio, Riera le dio conversación, le siguió hasta su portal y entró tras él diciendo que un amigo suyo residía allí. Mientras ambos subían por las escaleras, el condenado arrinconó a la víctima y le hizo unos tocamientos, tras lo que el menor logró huir hasta su piso.

Riera escapó del lugar pero, gracias a las cámaras de vigilancia de la zona, el menor logró identificar a su agresor y un mes más tarde fue detenido. En el momento de los hechos, Riera, que presentó informes en los que se le determina un retraso mental, se encontraba en libertad vigilada después de cumplir una pena de cinco años de prisión por abuso sexual a menores.