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Los despachos británicos aseguraban ganancias de 2.000 libras con el fraude de las intoxicaciones

Los bufetes británicos aseguraban ganancias de 2.000 libras con el fraude de las intoxicaciones

El juez de Mallorca encargado de las investigaciones levanta el secreto del sumario

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Hasta 2.000 libras esterlinas. Es la cantidad que diversos despachos de abogados de Reino Unido llegaron a prometer a cientos de turistas británicos a cambio de denunciar falsas intoxicaciones tras su paso por los hoteles de los principales núcleos turísticos españoles y especialmente de Baleares, una práctica habitual que, durante los últimos años, ha acarreado un perjuicio de más de 50 millones de euros para los establecimientos turísticos afectados.

El juez encargado en Mallorca de estas investigaciones, iniciadas después de que una de las empresas perjudicadas, MAC Hotels --que llegó a acumular más de un millar de reclamaciones fraudulentas--, denunciara los hechos, ha levantado ahora el secreto que pesaba sobre unas pesquisas que cuentan con numerosas declaraciones de afectados y presuntos implicados e incluso con grabaciones efectuadas por detectives contratados para determinar el alcance de la trama.

Pérdidas de cuatro millones de euros

A lo largo de un atestado de 142 páginas, al que ha tenido acceso Crónica Global, la Guardia Civil analiza de forma pormenorizada el modus operandi de quienes participaban en la supuesta red criminal, y revela que otra de las cadenas hoteleras afectadas, AMLA Explotaciones Turísticas, cuyos establecimientos, unos 35, se reparten por toda España, ha resultado perjudicada por pérdidas que ascienden a unos cuatro millones de euros.

Los investigadores aseguran que se trata de una organización delictiva compleja manejada por una amplia familia de raíces anglosajonas asentada en Mallorca, concretamente en Puerto Portals, cuya actividad laboral está ligada al turismo de ocio. La Guardia Civil se refiere a Laura Holmes Cameron y a su madre, Deborah Cameron, entre otros, cuyas pretensiones pasaban por “embaucar” a los turistas alojados en la mayoría de ocasiones en hoteles de todo incluido para que reclamasen por una supuesta intoxicación alimentaria.

“Por un lado tendríamos a Deborah Cameron como la persona sobre la cual figuran las propiedades del entramado familiar en directa vinculación con su hija Laura”, señala el informe. El instituto armado es tajante y apunta a ésta última como la principal dinamizadora de la red ilegal: “Es la que contrata a los tiqueteros, a los cuales instruye y les indica qué actividades deben realizar, entre ellas la de embaucar a los clientes de los hoteles para simular enfermedades gástricas”.

Tiqueteros de origen británico, requisito "indispensable"

Por debajo de ella, añade el atestado, hay “una red difusa” de tiqueteros de diversa índole, la mayoría residentes en la isla y de origen británico, requisito “indispensable para el trato directo con los clientes de los complejos hoteleros”. La función de aquéllos pasaba por abordar a los turistas en las inmediaciones del hotel en el que se habían alojado, principalmente de Palma, Calvià y Alcúdia, para proponerles participar en la estafa​, indicándoles qué debían hacer una vez aterrizasen en Reino Unido.

Es sólo el primer paso. La benemérita destaca el papel de los despachos de abogados que, de inmediato, pagaban una comisión a quienes previamente les habían proporcionado a los clientes.

Los turistas debían personarse así en el bufete previamente concertado, donde son asesorados “para interponer una reclamación al complejo hotelero en el que han transcurrido sus vacaciones” y acusar al establecimiento de negligencia. Para demostrar la supuesta intoxicación, emplazan a los turistas a presentar el ticket de los medicamentos adquiridos en la farmacia para tratar este tipo de dolencias.

Reclamaciones dirigidas al operador turístico contratado

Las pesquisas apuntan a que los propios bufetes de abogados británicos podían llegar a instar a sus clientes a pasar sus vacaciones fuera del país, normalmente en el Mediterráneo para, con posterioridad, presentar reclamaciones relativas a las supuestas intoxicaciones.

La reclamación iba dirigida, en concreto, al operador turístico contratado por el viajero. Aquél solía pagar sin pleitear y luego pasaba el cargo al hotel. Cabe la posibilidad, finalmente, de que el establecimiento hotelero cargase el importe a su asegurador de responsabilidad civil, por lo que éste corría el peligro de ser el pagador final del montaje.

La Guardia Civil precisa que, durante los registros llevados a cabo el pasado 4 de septiembre en la vivienda de Laura y Deborah Cameron, ubicada en Portals Nous, los agentes se incautaron de un total de 45.950 euros y 3.470 libras en efectivo.

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