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El Blue Marlin es el club de playa más 'posh' de Ibiza.

Baleares pondrá coto a los clubes ‘pijos’ de Ibiza

Usuhaïa, Blue Marlin o Nassau entraran en el redil legal este año

Ignasi Jorro
06.01.2016 16:57 h. Actualizado: 07.01.2016 08:03 h.
2 min
El Gobierno de Baleares pondrá coto a los ‘saraos’ al aire libre de Ibiza. El ejecutivo de Francina Armengol modificará de la Ley de Turismo 8/2012, que deja un vacío legal para los ‘beach clubs’, los antiguos chiringuitos de costa. Al calor de esta zona gris, en Ibiza han medrado discotecas ‘pijas’ de playa que ahora volverán al redil.

Usuhaïa –propiedad de Abel Matutes-, Blue Marlin o Nassau son algunos de los locales que están en el punto de mira. “Funcionan con la normativa de beach clubs, lo que les permite abrir por la mañana para almuerzos, y seguir hasta la madrugada”, denuncia el gerente de una discoteca balear.

Competencia desleal

Los clubes de playa, regulados por el artículo 117.3 del reglamento de la citada ley, cambiarán. De cara al próximo verano, las discotecas 'al fresco' podrían no funcionar como tales. “Legalmente, deberían cerrar a medianoche y no poner música a más de 62 decibelios”, recuerda un empresario.

 

 

¿Por qué no ha pasado hasta ahora? “Ha habido negligencia por parte de los inspectores con la competencia desleal”, abunda el mismo profesional. Ajenos a la batalla legal, algunos de estos clubes como Blue Marlin se han ganado la fidelidad de vips como Mick Jagger, Paris Hilton o Paz Vega.

La trampa del IVA

Además de la normativa ambiental, los clubes de playa de Ibiza disfrutan de otro agujero legal, denuncian los empresarios. “Al no ser salas de fiestas, discotecas o barbacoas, el IVA de las consumiciones es del 10%, no del 21% como en el resto de locales”.

Así, un gintonic en el Marlin “si cuesta veinte euros, paga dos de IVA. En el resto de la isla, si cuesta 20 euros, paga 4,20 euros”, se queja un gerente.

Los propietarios de discotecas del archipiélago negocian con la Dirección General de Tributos para atajar la diferencia impositiva. “Remitimos una pregunta al organismo, pero no respondió. El caso está ahora en manos del Defensor del Pueblo”, recuerda uno de ellos.