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El 'conseller' de Salud, Josep Maria Argimon, en un pleno del Parlament / David Zorrakino (EP)

Argimon defiende el pago de 35 millones a una empresa 'fantasma' por material sanitario en 2020

El ‘conseller’ de Salud cree que “había que asumir el riesgo” de adelantar el dinero a Basic Devices por la situación de escasez de mascarillas y otros elementos de protección al inicio de la pandemia

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El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha defendido el adelanto de 35 millones de euros de la Generalitat a Basic Devices SL, una empresa fantasma y sin pasado, el 20 de marzo de 2020. El pago se corresponde a un contrato por emergencia del Instituto Catalán de la Salud (ICS) para el aprovisionamiento de mascarillas y otros materiales sanitarios que el consejero catalán atribuye a una situación de máxima escasez por la pandemia.

A pesar de afirmar ser consciente de que se trataba de una “operación de riesgo”, Argimon sostiene que “hacía falta asumirlo porque no nos podíamos quedar sin unos elementos de protección fundamentales para nuestros profesionales”. Así lo ha expresado esta mañana en comisión parlamentaria, en la que ha subrayado la situación de excepcionalidad de aquel momento derivada de la primera ola del Covid-19.

Niega elementos delictivos o de corrupción

Después que Antifraude pusiera la lupa sobre dicho contrato millonario y lo describiera como un acto de temeridad, el titular de Salud asegura que la oficina no ha encontrado “ningún elemento delictivo ni de corrupción”, un informe que destaca que también ha fiscalizado la Sindicatura de Cuentas.

Argimon se ha mostrado convencido al asegurar que “no nos equivocamos”, puesto que insiste en que la compra sirvió para proteger a todos los profesionales sanitarios del sistema de salud catalán en un momento de máxima presión asistencial. Así pues, ha recordado que el informe de Antifraude se encuentra en proceso de presentación de alegaciones.

Discrepancias entre los partidos

Tras la intervención del conseller de Salud, la diputada socialista Assumpta Escarp ha manifestado sentir “miedo y desconfianza” ante esta compra calificada como un acto de temeridad, por lo que ha reivindicado la importancia de aportar la máxima información posible desde las administraciones públicas en este tipo de decisiones. Esta misma opinión ha sido compartida por David Cid (En Comú Podem), que ha instado a Argimon a analizar qué se hizo bien y mal para que no se repita.

Eulàlia Reguant (CUP), ha abogado por “generar mecanismos en clave de producción local” para evitar nuevas situaciones de escasez de material, mientras que María Elisa García (Vox) ha lamentado la “poca credibilidad” del departamento. Por su parte, Jordi Fàbrega (Junts) ha defendido que la compra “salvó vidas”, una idea ratificada por Juli Fernàndez (ERC), que ha señalado que la temeridad hubiera sido no hacer nada ante la falta de material.