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Alejandra Gil será la titular del juzgado catalán que investiga el 'caso 1-O'

Tras el fallecimiento de Ramírez Sunyer, la magistrada asumirá la instrucción de la causa por posible desobediencia y malversación del proceso independentista

El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, en el centro de la foto, en una imagen de archivo / EFE
28.11.2018 19:14 h.
3 min

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha adjudicado este miércoles en propiedad el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a la magistrada Alejandra Gil Llima. Se trata del juzgado que lleva la instrucción sobre los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 

Hasta la fecha, Gil estaba destinada en el Juzgado de Instrucción número 10 de la Ciudad Condal, que ocupaba temporalmente mientras su titular, la magistrada Miriam de Rosa Palacios, se encontraba en la situación administrativa de servicios especiales como profesora de la Escuela Judicial. Ahora, no obstante, será la encarga de asumir la causa del procés sobre una posible desobediencia y malversación y que tanto interés mediático despierta. 

Plaza vacante

Según ha informado el organismo, el fallecimiento del anterior titular, Juan Antonio Ramírez Sunyer, así como el reingreso de Rosa Palacios a sus funciones, ha propiciado el nombramiento de Gil como titular del Juzgado de Instrucción número 13, plaza vacante desde el traspaso del juez Sunyer.

La magistrada se incorporará --añaden en la nota-- "para ocuparse de la instrucción del sumario ordinario 5/2018" [como se conoce la parte de la causa del 1-O que se instruye en Barcelona], mientras que el resto de los asuntos del juzgado, incluida la realización de guardias, corresponderá al comisionado Sergi Gustau Casares Zayas. Esta situación se mantendrá mientras continúe la comisión de servicio con relevación de funciones concedida a Casares.

Una querella de Vox

El origen de la instrucción proviene de una querella del partido extraparlamentario Vox contra el exsenador de ERC Santi Vidal después de que se destaparan sus conferencias asegurando que la Generalitat disponía de forma ilegal de todos los datos fiscales de los catalanes.

La querella fue ampliada al presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. Y, en la actualidad, hay más de 40 investigados.

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