El Arzobispado de Barcelona ha intervenido la Fundació Sant Josep Oriol, entidad dependiente de la Iglesia catalana responsable de la gestión de la residencia sacerdotal --así como otras residencias geriátricas-- en la que viven también la mayoría de los párrocos jubilados de las diócesis de Sant Feliu y Terrassa.
Además, la medida, impulsada por la Delegación de Economía de la institución que encabeza el cardenal Juan José Omella, ha supuesto el cese inmediato del diácono permanente Rubén García y de mosén Saturnino Rodríguez, hasta ahora director y gerente del asilo ubicado en la calle Joan Güell de Barcelona.
Según ha confirmado el mismo arzobispado a Crónica Global, la decisión de ejecutar la intervención se ha tomado por “la mala gestión administrativa de las residencias de esta Fundación”.
Investigación abierta
Tras detectar indicios de posibles irregularidades, el Arzobispado encargó recientemente una investigación a una auditora externa que habría revelado una serie de hechos que precipitaron el despido de García y Rodríguez, también vinculados a la dirección de la Fundación Valldejuli y la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats, que gestionan sendas residencias para mayores y dependientes en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat.
De los hechos descritos en la citada investigación se desprende que ambas fundaciones también "han sido objeto de la mala gestión de los administradores, que ha causado importantes pérdidas económicas".
En este sentido, el Arzobispado "sigue investigando el detalle de todas las actuaciones a fin de obtener una información exacta de lo que ha sucedido".
Desajuste financiero
La falta de detalles oficiales acerca de la operación ha generado en los últimos días una notable expectación en el entorno eclesial catalán, que señala a desajustes contables y problemas de tesorería, aunque también hay quien apunta a que podría tratarse de circunstancias de mayor gravedad.
Según ha avanzado el experto en la Iglesia catalana Oriol Trillas en el blog Germinans Germinabit, el fondo de la cuestión podría estar relacionado con un caso interno de malversación, agujeros económicos e incluso desvío de fondos, aunque este extremo no ha podido ser comprobado.
En todo caso, fuentes conocedoras del funcionamiento de las entidades implicadas apuntan a que el origen del problema podría encontrarse en la compleja estructura de gestión desarrollada durante los últimos años, en vez de en la existencia de un perjuicio económico concreto.
Cargo de confianza
En estos términos, es especialmente significativo el cese de Rodríguez, pues fue nombrado en 2023 precisamente para tratar de reconducir la deriva en la gestión económica a la que la residencia sacerdotal habría sido avocada en administraciones anteriores a la suya.
Rodríguez ocupa un cargo de confianza dentro del organigrama diocesano, acumulando varias responsabilidades, además de las de director y gerente de Sant Josep Oriol y director de Valldejuli. También desempeña funciones de arcipreste con competencias de vicario episcopal y ejerce el ministerio pastoral in solidum en las parroquias barcelonesas de Nuestra Señora del Pilar y San Eugenio I Papa.
En una situación similar se incorporó a García, que tenía la encomienda de afrontar la reorganización financiera y contable de las residencias, tras años arrastrando dificultades económicas.
Delimitación de responsabilidades
Al tratarse de tres entidades jurídicamente diferenciadas, pero a la práctica dirigidas por las mismas personas, se podría haber dado un escenario en el que habría faltado claridad en la delimitación de responsabilidades administrativas y financieras de cada una, manteniendo una demasiada relación operativa.
Un modelo de este tipo no implica necesariamente actuaciones irregulares, aunque puede generar disrupciones si se comparten decisiones económicas de manera conjunta.
Reorganización económica
La institución eclesiástica habría tomado la decisión de intervenir la Fundació Sant Josep Oriol con el fin también de adaptar sus estructuras a unos estándares de gestión más exigentes, a la altura de lo exigible a entidades similares en entornos laicos.
La operación se enmarcaría entonces en un posible proceso de reorganización económica del Arzobispado de Barcelona ante el futuro relevo del cardenal Omella, cuya jubilación es inminente, con más de 80 años y tras la coronación de la torre más alta de la Sagrada Familia.