El exconseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon EFE
Vuelco en el juicio de las vacunas: la Fiscalía retira la acusación contra Vergés y Argimon
El Ministerio Público renuncia a su petición de 12 años de inhabilitación para la excúpula de Salut
Los sindicatos policiales Jupol y Jucil mantienen el pulso y exigen 15 años de condena
Contenido relacionado: Argimon defiende que retrasar la vacunación de policías y guardias civiles fue "correcto" por criterios clínicos
Noticias relacionadas
Giro en el juicio contra la antigua cúpula del Departament de Salut por la gestión de la vacunación durante la pandemia.
La Fiscalía ha retirado este lunes su acusación contra la exconsellera Alba Vergés y su equipo de altos cargos, para quienes solicitaba inicialmente 12 años de inhabilitación por presunta prevaricación al retrasar la inmunización de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña.
Sorpresa en la fase de conclusiones
El movimiento procesal se ha dado en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, coincidiendo con el trámite de conclusiones y de informes finales.
Sin ofrecer mayores explicaciones en la sala, el Ministerio Público ha anunciado que retira todos los cargos que pesaban sobre Vergés (ERC); sobre su entonces número dos, el exsecretario general Marc Ramentol; sobre el exsecretario de Salut Pública y posterior conseller, Josep Maria Argimon (Junts); y sobre el exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella.
La abogada de Josep Maria Argimon, Olga Tubau, y el 'excosneller' de Salud, Josep Maria Argimon, a su llegada a la Audiencia de Barcelona, a 1 de julio de 2026.
Las acusaciones policiales se quedan solas
Pese a la sonada retirada de la acusación pública, el procedimiento judicial no decae automáticamente, aunque el bloque acusador se ha fracturado.
El sindicato de la Policía Nacional (Jupol) y la asociación de la Guardia Civil (Jucil) han decidido mantener vivas sus reclamaciones penales.
Ambas entidades se quedan solas sosteniendo la acusación y solicitan penas de 15 años de inhabilitación para los cuatro exaltos cargos. Además, mantienen en su diana al entonces responsable de Servicios, Francesc Xavier Rodríguez, quien ya estaba exento de la acusación fiscal desde el inicio del proceso.
Un agente de la Policía Nacional durante la pandemia del coronavirus
Por otro lado, el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) y la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional (UOGCP) han optado por suavizar su postura.
Estas plataformas han retirado su acusación contra Rodríguez y han rebajado su petición contra Vergés y el resto de la cúpula de 15 a 12 años, alineándose con lo que pedía inicialmente el fiscal.
Ante este escenario, las defensas han pasado al contraataque y han solicitado formalmente al tribunal que imponga el pago de las costas procesales a los sindicatos que siguen adelante con la causa.
"La intención era vacunarlos a todos"
En su declaración del pasado viernes, Alba Vergés afirmó que "nunca" dio la orden de parar la vacunación a los cuerpos estatales. "Nuestra intención era vacunarlos a todos. A ellos y a todos los colectivos esenciales", aseveró la exconsellera.
Según detalló, tras la suspensión de AstraZeneca ordenada por el Ministerio de Sanidad el 15 de marzo de 2021 por el riesgo de trombos, la Generalitat se limitó a acatar el mandato del Consejo Interterritorial al reanudarse la campaña.
Ante la alarmante falta de dosis, se priorizó a la franja de mayor riesgo (entre 60 y 65 años), tratando de hacerlo "compatible" con los servicios esenciales.
Una postura que también cerró filas en torno a Josep Maria Argimon. El exsecretario de Salut Pública defendió ante los magistrados que dar prioridad a las personas de mayor edad fue una "decisión bien tomada" a nivel "clínico, epidemiológico y ético".
Desmontaje de la tesis de prevaricación
Desde que arrancó la vista oral el pasado 30 de junio, la excúpula de Salut ha negado tajantemente haber orquestado una discriminación política contra los cuerpos de seguridad del Estado frente a los Mossos d'Esquadra y las policías locales.
A lo largo de las sesiones testificales de las últimas dos semanas, las defensas han logrado apuntalar su versión basándose en dos factores estrictamente técnicos que explicarían el enorme desfase en los porcentajes de vacunación, que llegó a ser de apenas un 3% en las fuerzas estatales frente al 77% en las autonómicas y locales.
Imagen de archivo de la campaña de vacunación
Demora en la entrega de los censos
El primero de los ejes de la defensa ha apuntado directamente a la burocracia interna de las fuerzas de seguridad estatales. Durante las jornadas previas al juicio, varios responsables técnicos del CatSalut testificaron que los listados oficiales de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se recibieron con retraso.
Según esta versión, la demora fue responsabilidad exclusiva de las propias comandancias, lo que impidió a la Generalitat organizar las citas con agilidad.
Por el contrario, los testigos subrayaron que la cúpula de los Mossos d'Esquadra entregó sus datos en "muy pocos días", facilitando un ritmo de inoculación ininterrumpido.
El parón de AstraZeneca y el mandato estatal
El segundo elemento que ha terminado decantando la balanza y alejando la sospecha de prevaricación ha sido la crisis sanitaria internacional que estalló en plena campaña.
Los exresponsables sanitarios, fuertemente avalados por técnicos como la exsecretaria de Salut Pública Carmen Cabezas, han demostrado que el repentino cambio en la estrategia de vacunación obedeció a la suspensión temporal ordenada por el Ministerio de Sanidad ante la alerta europea por los casos de trombosis.
![La abogada de Josep Maria Argimon, Olga Tubau, y el 'excosneller' de Salud, Josep Maria Argimon, a su llegada a la Audiencia de Barcelona, a 1 de julio de 2026.](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/557032.jpg?p=w:320\/h:240&h=vvdoR1dg"])
Al retomarse el uso de las dosis de AstraZeneca, el Departament de Salut optó por priorizar el criterio puramente médico y de edad (centrándose en la población de 60 a 65 años) para cumplir escrupulosamente con las pautas marcadas por el Consejo Interterritorial.
Esta nueva directriz técnica, argumentan, obligó a paralizar y rehacer desde cero toda la logística y los operativos que se habían diseñado específicamente para los cuerpos estatales, diluyendo así la acusación de que existiera una intencionalidad política para dejarlos desprotegidos frente al virus.
La Policía condecoró a uno de los acusados
La puntilla a la acusación de boicot institucional la dieron los propios mandos policiales que declararon como testigos.
Los coordinadores de la vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña admitieron ante el tribunal que su relación con la Generalitat fue "fluida" y que siempre hubo voluntad de solucionar los contratiempos.
El grado de colaboración técnica fue tal que la Policía Nacional llegó a condecorar a Francesc Xavier Rodríguez, el entonces responsable de Servicios de Salut y enlace directo con los cuerpos, agradeciendo su labor y dedicación durante la campaña de vacunación que hoy se juzga.
