Decenas de mujeres protestan frente al local Vive Madrid
El golpe policial a uno de los mayores prostíbulos de España deja a decenas de trabajadoras en la calle
La Justicia ha ordenado el precinto del local de alterne Vive Madrid en el marco de las investigaciones por explotación sexual y blanqueo contra sus dueños
A las puertas, decenas de trabajadoras han protestado frente al operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil afirmando “ser libres”
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La tensión se apoderó ayer miércoles de la calle Marqués de Viana, en el distrito madrileño de Tetuán, cuando agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil ejecutaron el cierre judicial de Vive Madrid, uno de los prostíbulos más grandes de la capital.
La intervención se topó con la resistencia de decenas de mujeres que, alrededor de las 20:00 horas, protagonizaron una protesta inmediata frente al dispositivo policial, exigiendo la reapertura del establecimiento.
Al grito unánime de "¡queremos trabajar!" y "¡somos libres!", las mujeres se plantaron frente a los furgones policiales levantando pancartas y encarando la acción de los agentes.
Las manifestantes rechazan frontalmente el relato de la explotación, tal y como se aprecia en los vídeos del momento, a los que ha tenido acceso Crónica Global.
"Aquí nadie nos trata mal", se escucha recriminar a una de las trabajadoras ante la barrera policial que custodiaba el acceso.
Ordenado por la Audiencia Nacional
El cierre no es una inspección administrativa rutinaria. La persiana metálica del establecimiento ha quedado sellada con cinta oficial de la Guardia Civil y en un cartel puede leerse “el local ha sido precintado por orden de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Nº 1”.
El cartel informativo de la Guardia Civil en el local de alterne Vive Madrid
El documento policial confirma que la decisión emana directamente de la Audiencia Nacional, tribunal encargado de investigar los delitos de mayor gravedad y complejidad, como el crimen organizado y el blanqueo de capitales a escala internacional.
Para ejecutar la orden judicial, ha sido necesario el despliegue de unidades antidisturbios de la Policía Nacional y agentes de la Guardia Civil, quienes han asegurado el perímetro y desalojado el edificio antes de colocar los precintos.
Las trabajadoras, que se han negado a abandonar la acera contigua al local, han mantenido la protesta durante la intervención.
El historial de Vive Madrid
El precinto de hoy es el último y más drástico capítulo en el cerco judicial al que lleva años sometido este macroprostíbulo.
Vive Madrid ya fue el epicentro de la conocida Operación Pompeya en 2016, una causa pendiente de juicio en la que el magistrado José Luis Calama sentó en el banquillo a 30 personas por un fraude fiscal superior a los 111 millones de euros.
La Fiscalía acusa al dueño del local, Ángel Crispín Gilaranz, de utilizar una compleja red de sociedades en el extranjero para desviar los recargos del 10% que aplicaban a los clientes por pagar con tarjeta.
Según el sumario de aquella operación, la trama llegó a controlar a más de 2.000 mujeres mediante un software de lectura de huella digital para monitorizar el tiempo que pasaban con los clientes.
Organización criminal
Más recientemente, el entorno directivo del local ha vuelto a ser el blanco de la Justicia. El Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Francisco de Jorge, investiga actualmente una trama de explotación sexual, blanqueo de capitales y organización criminal.
Esta causa se ha saldado con ingresos en prisión preventiva y salpica directamente a un teniente coronel de la Guardia Civil, investigado por gestionar presuntamente los beneficios ilícitos obtenidos por su pareja, socia del dueño de Vive Madrid.
