La investigación sobre el presunto expolio patrimonial de SP4, uno de los grupos históricos de la seguridad privada en Barcelona, da un paso adelante.
La Fiscalía Provincial de Barcelona aprecia indicios de varios delitos económicos en los hechos denunciados por el accionista mayoritario de la compañía y ha solicitado una batería de diligencias para esclarecer lo sucedido.
Según consta en unas diligencias del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, la Sección Especializada en Delitos Económicos considera que los hechos relatados en la querella podrían encajar, de forma indiciaria, en delitos de administración desleal, apropiación indebida y delitos societarios.
Sospechas de expolio
Según adelantó Crónica Global, el origen de la querella se remonta al 30 de septiembre de 2019, cuando Juan José Bravo Galán, socio fundador y accionista mayoritario del grupo, sufrió un ictus que lo obligó a apartarse del negocio durante un tiempo.
Mientras Bravo intentaba recuperar el habla y parte de su autonomía, su socio y hombre de máxima confianza, David Muñoz, asumió el control del grupo. Ahí empezó todo.
Un vigilante de SP4 en un concierto en la zona del Fòrum de Barcelona
Con Muñoz al frente, la gestión de SP4 se convirtió en un “plan orquestado de despatrimonialización”.
Según la acusación, liderada por la abogada penalista Marina Folch, el objetivo del gestor provisional fue vaciar las sociedades del grupo —Seguridad Preventiva Cuatro, Preventiva Servicios y Control , Gagomar y Marte Plutón S.L.—, llevarlas a una insolvencia artificial y quedarse con el control total del entramado empresarial.
De este modo, y siempre según la versión del querellante, bajo el mandato de Muñoz, un grupo que hasta entonces había sido solvente y referente en el sector comenzó a desangrarse.
Investigación en marcha
Ahora, mediante una providencia dictada el pasado 22 de mayo, el juzgado concedió un plazo de diez días para presentar las escrituras de constitución o las notas registrales correspondientes de las cuatro mercantiles mencionadas en la querella.
La Fiscalía considera imprescindible disponer de esta documentación para poder avanzar en la investigación y verificar la estructura societaria descrita por Juan José Bravo Galán.
La hoja de ruta de la fiscal
No obstante, más allá de este trámite previo, el Ministerio Público ya ha expuesto las diligencias que considera necesarias para esclarecer los hechos.
Entre ellas figura una investigación patrimonial de las sociedades implicadas mediante requerimientos al Registro Mercantil para obtener todas las anotaciones registrales y las cuentas anuales depositadas por las empresas investigadas.
Asimismo, la fiscal Sabela Fondo Roca propone citar como testigos a los distintos socios de las mercantiles señaladas en la querella con el objetivo de contrastar sus versiones y comprobar si coinciden con el relato ofrecido por Bravo Galán.
Un vigilante de SP4, con la Guardia Urbana de Barcelona en el Port Olímpic
La única excepción planteada por la Fiscalía afecta a María Pilar C., socia de una de las compañías, cuya declaración no se considera necesaria debido a la documentación médica ya incorporada al procedimiento.
Proceso de descapitalización
Tal y como avanzó Crónica Global, la querella sostiene que determinadas operaciones societarias habrían provocado un grave perjuicio económico a la empresa SP4 y a parte de sus socios.
La denuncia apuntaba a un supuesto proceso de descapitalización desarrollado a través de distintas sociedades vinculadas al grupo, una operativa que, según la versión del querellante, habría permitido desviar activos y recursos empresariales en beneficio de terceros.
Estas sospechas son precisamente las que ahora han llevado a la Fiscalía de Delitos Económicos a apreciar indicios de posibles infracciones penales y a reclamar nuevas diligencias para determinar si existió una gestión desleal del patrimonio societario o una apropiación indebida de bienes pertenecientes a las compañías afectadas.
Una quiebra fabricada
El punto más alarmante que se expone en la querella es la justificación de la insolvencia. En 2023, Muñoz solicitó el concurso voluntario de acreedores alegando incapacidad de pago. Sin embargo, la querella sostiene que esa quiebra fue deliberadamente provocada.
Para cuadrar los números rojos, el administrador dio de baja créditos pendientes de cobro por casi un millón de euros (911.987 €). Lo llamativo no es solo la cifra, sino la identidad de los supuestos morosos: el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, supermercados Aldi, MediaMarkt y otras entidades de reconocida solvencia.
Según la acusación, no existió ningún intento real de cobro. El dinero simplemente desapareció de los libros contables para generar un agujero financiero artificial que justificara el cierre y la liquidación.
Imagen de un trabajador de la empresa de seguridad SP4
Pendientes de más documentación
Por el momento, la causa permanece a la espera de que la parte querellante aporte la documentación mercantil solicitada por el juzgado.
Una vez subsanado ese requisito formal, la Fiscalía plantea activar las diligencias propuestas, entre ellas el análisis patrimonial de las empresas y la toma de declaración de los distintos socios, pasos que permitirán determinar si las sospechas de expolio tienen relevancia penal suficiente para impulsar una investigación judicial de mayor alcance.
Perjuicio de 600.000 euros
Con todo, el resultado de toda esta gestión es demoledor. Según el informe pericial económico aportado con la querella, las participaciones de Juan José Bravo han pasado a valer cero.
El perjuicio económico directo se estima en más de 600.000 euros.
Por todo ello, la acusación solicita penas de prisión por los cuatro delitos imputados, una fianza de responsabilidad civil de 800.000 euros y el embargo preventivo de los bienes de David Muñoz.