A las 9:00 horas de este miércoles se ha ejecutado el desalojo de Olalla, una madre con tres hijos menores a cargo que llevaba nueve años residiendo en un piso en el número 60 de la calle Buenos Aires de Barcelona.
El edificio es propiedad del fondo de inversión holandés New Amsterdam Developers (NAD), cuyo modelo de negocio se centra principalmente en adquirir bloques enteros y fragmentar los pisos en habitaciones para explotarlos bajo el formato de coliving.
La actuación de los Mossos d'Esquadra, dotada de siete furgonetas antidisturbios, se ha visto obstaculizada por la protesta de unas 50 personas, la mayoría pertenecientes al Sindicat de Llogateres, a la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) o al Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC).
Protesta del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), el Sindicat de Llogateres y la Confederació Sindica d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) contra el desalojo de Olalla este miércoles
Un primer intento frustrado
El pulso ha llegado tras un primer intento fallido. El pasado martes, 12 de mayo, una concentración de poco más de medio centenar de personas logró aplazar el desahucio.
En aquella ocasión, la protesta vecinal sumó fuerzas con un contratiempo operativo: los Mossos d’Esquadra no disponían de los efectivos suficientes para ejecutar el desalojo debido a que gran parte de los agentes estaban desplegados cubriendo la huelga del sector educativo. El juzgado concedió así una semana de margen.
La protesta de los varios sindicatos por la vivienda el pasado martes, 20 de mayo, en la calle Buenos Aires de Barcelona
Nueve años de residencia
Para Olalla, que cuenta con un certificado de vulnerabilidad social, económica y emocional acreditado por el Ayuntamiento de Barcelona, el proceso ha supuesto un grave deterioro de su salud mental.
"Tengo la esperanza de que por presión me dejen quedarme. No me he dado por vencida", explicaba ayer a este medio. "Estoy destrozada, pero me quedo por todos, porque al final es una lucha. Si mañana me desahucian, que se sepa. Especular con la vivienda debería estar regulado".
La inquilina esgrime que se quedó en paro y que no pudo asumir los costes con sus 700 euros de prestación, denunciando una falta de comunicación para buscar alternativas. "Desde el fondo de inversión no me ha llegado nada. Recibí el burofax en marzo del año pasado. Llevo un año con esto, aguantando".
Dos años de deudas
Los datos del procedimiento señalan que no se trata de un impago puntual. La deuda acumulada con la propiedad asciende a 20.000 euros.
Según consta en el expediente, la arrendataria lleva aproximadamente dos años sin abonar las cuotas del alquiler ni los suministros básicos. El desalojo, por tanto, responde a un proceso legal ordinario avalado por un juez, motivado por este impago sostenido.
El avance del 'coliving'
El bloque ya opera casi en su totalidad como un coliving. Según Olalla, "quieren coger y reformar también mi piso. Quedamos tres familias de vecinos solamente: una pareja mayor con renta antigua y otra familia que tampoco tiene buena relación con el fondo". No obstante, el destino final de esta vivienda en concreto aún no está definido por la propiedad.
Mientras relataba que lleva tres días vaciando el piso ("no porque quiera irme, sino porque me están echando"), la afectada también señala a las instituciones: "Llevo casi dos años apuntada a la lista de espera para la Vivienda de Protección Oficial y del alquiler social. He pedido, he insistido, y no pasa nada. La empatía brilla por su ausencia. Es muy fácil decir 'es una familia más'. Me siento muy pequeña, vulnerable e indefensa".
El profesor Txema
El historial de tensiones entre el movimiento por la vivienda y NAD acumula episodios recientes de gran calado mediático. El fondo ya protagonizó un episodio similar en el bloque Sant Agustí de Gràcia. Allí, el intento de desahucio de Txema, un profesor que se negó a abandonar el piso tras la extinción de su contrato, provocó el último conflicto mediático de la vivienda en Cataluña.
Existe, no obstante, una diferencia sustancial entre ambos expedientes. A diferencia del caso de la calle Buenos Aires, marcado por la morosidad, el inquilino de Gràcia siguió abonando sus cuotas puntualmente incluso sin tener contrato.
Txema Escorsa, inquilino del bloque de la calle Sant Agustí de Barcelona adquirida por un fondo de inversión
El inquilino justificó su resistencia basándose en las presuntas ilegalidades de la propiedad con el resto de viviendas, comercializadas por casi 1.000 euros la habitación.
La fortísima presión política y social logró suspender temporalmente el desalojo del inmueble. Una paralización que contó con la implicación del president de la Generalitat, Salvador Illa, quien respaldó a los vecinos llegando a calificar abiertamente de "iniciativas ilegales" las prácticas del fondo inversor.
La suspensión del bloque Papallona
La agenda judicial de NAD ha sufrido otros reveses recientes. Aunque para finales de este mes de mayo estaba fijado el desalojo de Marga Aguilar, residente desde 1992 en el histórico bloque Papallona, los tribunales han decidido finalmente suspender la operación hasta que se resuelvan los recursos presentados a la Audiencia de Barcelona.
Este intento de lanzamiento se preveía igualmente multitudinario, agravado por las recientes denuncias de que las obras impulsadas por el fondo para diseccionar los pisos en habitaciones han causado daños estructurales en este edificio protegido por su valor patrimonial.
El negocio en Barcelona
La ofensiva contra NAD trasciende el activismo vecinal, del cual se ha convertido en el enemigo número uno, y destapa un imperio inmobiliario bajo asedio.
Tal y como reveló Crónica Global, en el epicentro de esta crisis se encuentra el inversor neerlandés Paul Petermeijer. Las cifras de su cartera, que aglutina 71 viviendas y 12 locales en la ciudad, ilustran la extrema rentabilidad del coliving. El propio edificio de Buenos Aires 60, donde reside Olalla, es el activo que más facturación aporta al grupo, generando actualmente 60.000 euros al mes.