Varias viviendas en Castellgalí Wikimedia Commons
"Dos desconocidos se empadronaron en mi casa": el fraude censal repunta con la regularización extraordinaria
El Ayuntamiento de Castellgalí ha detectado varios intentos fraudulentos de inscripciones en el padrón municipal por parte de personas migrantes y sospechan que podría tratarse de una red dedicada a la falsificación de documentos para tal efecto
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"Dos desconocidos se han empadronado en esta casa". Con esta llamada de su arrendatario empezó el periplo burocrático de Luis Carmelo para eliminar del censo domiciliario a las personas que trataban de cometer fraude a costa de sus verdaderos inquilinos.
Ocurrió entre noviembre y diciembre de 2025 en el municipio barcelonés de Castellgalí, de poco menos de 2.500 habitantes, donde este no es un caso único, pues su ayuntamiento ha detectado en los últimos meses la actividad de un presunto grupo organizado dedicado a la falsificación de documentos para la inscripción fraudulenta de inmigrantes en situación irregular en el padrón.
Por su parte, los Mossos d'Esquadra han confirmado a Crónica Global un resurgimiento de este tipo de delito en las comarcas de la Cataluña Central.
Contrato falsificado
"Para acreditar la residencia, no solo presentaron un contrato de alquiler falso, sino que encima figuraba mi padre como propietario, que lleva 11 años muerto", explica a este medio Carmelo, que se encarga de la gestión de las propiedades inmobiliarias de la familia.
Esta finca, que además de la vivienda dispone de jardín y piscina, fue efectivamente propiedad de su padre pero, tras el fallecimiento, pasó a manos de su madre y su hermana, mujer e hija del difunto. Además, desde hace siete años está alquilada a una familia que reside allí.
Fue uno de los inquilinos quien tuvo conocimiento de que dos personas de nacionalidad extracomunitaria y totalmente ajenas habían logrado empadronarse en el domicilio, e informó inmediatamente a los arrendadores, que se pusieron en contacto con el ayuntamiento para tratar de revertir el trámite administrativo.
Investigación policial
Las pesquisas del caso llevaron a un enredo en el que Carmelo, que ni siquiera consta en las escrituras, y su hermana terminaron investigados por los Mossos d'Esquadra como presuntos autores de un delito de falsedad documental, al creer que habían sido ellos los falsificadores del contrato de alquiler que permitió el empadronamiento.
El cuerpo autonómico ha reconocido que fue una "apreciación errónea" que ya se ha rectificado y comunicado a los afectados, por lo que se prevé un "cierre inminente de las diligencias".
Fuentes policiales añaden en declaraciones a este diario que han identificado a las dos personas que se habrían empadronado fraudulentamente en la propiedad de la familia de Carmelo, que ha avanzado que presentará una denuncia en los próximos días y se personará como acusación particular, en caso de llegar a juicio.
Repunte de denuncias
Pese a que no se trata de un delito habitual en la Cataluña Central, atestiguan a este medio fuentes de los Mossos d'Esquadra, sí pudieron detectar "un pequeño repunte" de las denuncias por este tipo de hechos en las fechas coincidentes a las que cita Carmelo.
![Ciudadanos hacen cola para poder iniciar los trámites del proceso de regularización extraordinaria de Extranjería en Barcelona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/04\/20\/actualidad\/1003742753474_15990505_320x180.jpg"])
Apuntan al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes como posible motivador de ese alza en los últimos meses de 2025, pues uno de los requisitos para acogerse al mismo es haber residido en España antes del 1 de enero de 2026, y la forma más fácil de demostrarlo es con un padrón en el territorio nacional.
Desconocen la magnitud
"Nos tememos que hay una red que se dedica a empadronar inmigrantes fraudulentamente en el pueblo y cobrarles un precio por ello", afirma Marcos Álvarez, alcalde de Castellgalí, que lamenta desconocer la magnitud del caso.
Desde el gobierno municipal han detectado irregularidades desde el primer trimestre de este año, semanas después del caso de Carmelo, y detallan haber puesto en marcha algunas comprobaciones ante trámites sospechosos, llegando a proceder a retiradas del padrón a algunas personas y a presentar denuncias ante la policía catalana.
Alarma en el municipio
"Una trabajadora del ayuntamiento se dio cuenta de que algunas personas habían presentado contratos de alquiler un poco raros y prácticamente iguales", explica Álvarez sobre las primeras alarmas que saltaron.
En una ocasión, una funcionaria paralizó el empadronamiento de dos ciudadanos extranjeros que habían acudido acompañados por una mujer catalana, al detectar el mismo patrón, a la espera de que el asunto fuera observado con mayor detalle.
"La señora nos faltó al respeto y nos tachó a todos de racistas, pero lo realmente sorprendente es que regresó por la tarde con otras dos personas para solicitar su empadronamiento", detalla sobre el momento en el que se dieron cuenta de la gravedad de la situación.
Comprobaciones del ayuntamiento
A raíz de las sospechas, el consistorio encargó una serie de comprobaciones a los vigilantes municipales, que trataron de localizar en reiteradas ocasiones a determinadas personas en los domicilios en los que se habían empadronado recientemente.
En aquellos casos en los que no se ha encontrado rastro del supuesto vecino del pueblo, el ayuntamiento ha procedido de oficio a dar de baja el padrón, previo aviso del sujeto afectado, confirma el edil a Crónica Global.
Posibles perjuicios
El padrón está asociado a algunos derechos de la ciudadanía, como el acceso a los servicios sanitarios y sociales, la escolarización o el sufragio. Es por eso que el artículo 15 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local recoge que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente".
La cantidad de personas empadronadas en un domicilio puede afectar a la forma de una unidad familiar, un elemento determinante a la hora de acceder y cuantificar ayudas públicas, becas y prestaciones de la seguridad social como el ingreso mínimo vital, la pensión no contributiva o el paro.
Aunque los inquilinos de Carmelo, por el momento, no han detectado que este presunto empadronamiento fraudulento les haya afectado de ninguna manera, sí podría haber causado un grave perjuicio si algún miembro de la familia fuera adjudicataria o tuviera previsto solicitar este tipo de subsidios.
