Ciudadanos hacen cola para poder iniciar los trámites del proceso de regularización extraordinaria de Extranjería en Barcelona
La abogacía de Barcelona reclama instrucciones más claras para la regularización extraordinaria
El ICAB alerta de la falta de criterios claros sobre algunos requisitos, como el informe de vulnerabilidad o las pruebas alternativas al padrón, en plena cuenta atrás hacia el 30 de junio
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El primer mes de la regularización extraordinaria de inmigrantes deja un balance "positivo", aunque marcado por la incertidumbre documental, la presión de los plazos y la saturación administrativa.
Así lo ha expuesto este martes Quim Clavaguera, responsable de la Comisión de Extranjería del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), durante un desayuno informativo organizado junto al Col·legi de Periodistes de Catalunya.
El abogado ha defendido que el proceso "ha corrido muy deprisa" para su aprobación el pasado abril y ha advertido de la "sensación de ansiedad" que viven muchos solicitantes ante el temor de no llegar al 30 de junio con toda la documentación preparada.
Acreditar la permanencia
Entre las principales críticas, Clavaguera ha señalado la falta de instrucciones concretas por parte del Ministerio sobre cómo acreditar la permanencia en España en caso de no estar empadronado.
Aunque la regularización no exige necesariamente este documento, sí obliga a demostrar una estancia continuada de cinco meses, es decir, desde antes del 31 de diciembre de 2025.
"Hubiera sido muy fácil aclararlo con una lista orientativa", ha lamentado. En este sentido, ha apuntado que documentos como carnés de biblioteca, asistencia sanitaria o certificados de envío de dinero podrían servir como prueba complementaria. El problema es que no existe un criterio oficial detallado.
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A juicio del letrado, esta indefinición provoca que muchos expedientes se presenten con un exceso de documentación "para asegurar la viabilidad" del trámite y evitar futuras denegaciones.
Informe de vulnerabilidad
Otra de las cuestiones que más dudas ha generado es el llamado informe de vulnerabilidad, incorporado en la recta final del diseño del proceso. Este certificado acredita que el solicitante se encuentra en una situación de precariedad o exclusión social y funciona como una vía alternativa de acceso a la regularización para quienes no pueden demostrar arraigo laboral o unidad familiar en España.
El documento debe ser emitido por servicios sociales públicos, ONG, sindicatos o entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería. No es obligatorio para todos los solicitantes, sino únicamente para quienes necesitan acreditar esa situación de vulnerabilidad específica.
Clavaguera ha criticado que no se habilitara también a los abogados especializados para tramitar estos informes, pese a tratarse de profesionales con formación específica en extranjería. Según ha explicado, muchas entidades han tenido que reforzarse "con personal con formación mínima" para asumir la avalancha de solicitudes.
![Trabajadores, sindicatos y usuarios de extranjería se manifestarán en Barcelona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/05\/15\/el-pulso-de-la-ciudad\/1003742657807_15911931_320x120.jpg"])
Aun así, reconoce que la situación ha mejorado en las últimas semanas gracias al aumento de entidades autorizadas para emitir estos certificados. También ha destacado la respuesta de algunos ayuntamientos, como L'Hospitalet de Llobregat, que ha habilitó un gran espacio en La Farga para atender a los solicitantes.
Los antecedentes penales
El responsable de Extranjería del ICAB también ha abordado el colapso en la obtención de antecedentes penales de países de origen, especialmente en consulados que presentaban un escenario de largas colas desde el arranque de la regularización.
![La cola a las puertas del Consulado de Colombia, en Barcelona, 24 horas después de la aprobación de la regularización masiva](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/04\/15\/actualidad\/1003742751863_16070070_320x120.jpg"])
Pese a ello, ha rebajado el alarmismo y considera que, en un plazo de entre cuatro y seis meses, la mayoría de solicitantes acabarán obteniendo la documentación necesaria.
Además, duda de que todos los expedientes entren simultáneamente en la fase de requerimiento formal de estos certificados, lo que podría dar más margen temporal a los afectados.
Defensa del papel de la abogacía
Clavaguera también ha defendido el papel de la abogacía frente a las críticas por el coste de los trámites. "Cobrar por un servicio profesional no es una estafa", ha afirmado, reivindicando la responsabilidad civil y la seguridad jurídica que aportan los abogados especializados frente a asesoramientos informales o autogestionados.
![Un cartel de una gestoría de Barcelona que anuncia: ¿Aplicas a la nueva regularización? Reserva tu plaza con 100,00€.](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/04\/20\/actualidad\/1003742753472_15991445_320x120.jpg"])
Según ha explicado, una vez presentado el expediente, la administración está resolviendo las admisiones a trámite en un plazo aproximado de 15 días, lo que permite al solicitante obtener autorización provisional de residencia y trabajo mientras se estudia el caso.
