Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana condenada por asesinato el asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez

Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana condenada por asesinato el asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez Cedida

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Prisiones traslada a Rosa Peral a Brians 2: su defensa denuncia opacidad y posibles represalias

El traslado urgente desde Mas d’Enric (Tarragona) se ejecutó sin aviso formal a sus abogadas ni documentación que lo justifique, según su defensa

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La Dirección General de Asuntos Penitenciarios ha ordenado el traslado de Rosa Peral a la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde ha ingresado este martes tras abandonar de forma repentina el centro penitenciario de Mas d’Enric, en Tarragona, donde se encontraba desde hacía años.

Según ha podido saber Crónica Global, a las 8:30 horas de esta mañana, los funcionarios le han comunicado a la interna que debía recoger sus pertenencias de inmediato.

En menos de dos horas, ya estaba siendo trasladada al nuevo centro penitenciario, sin margen para avisar a su familia.

Rosa habló con el director del centro

El movimiento se produce apenas unas horas después de que, la noche de este lunes, empezaran a circular rumores sobre un posible cambio de prisión.

Ante la inquietud, la condenada por el 'crimen de la Guardia Urbana' solicitó hablar con el director del centro, quien —según su entorno— le restó importancia y la tranquilizó, asegurándole que no hiciera caso a las habladurías.

Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana condenada por asesinato

Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana condenada por asesinato Cedida

Sin embargo, este martes por la mañana, el traslado se ha ejecutado de forma fulminante.

De este modo, desde las 10:30 horas de la mañana Peral se encuentra en el módulo de ingresos de la prisión de Sant Esteve Sesrovires, donde estará --incomunicada-- durante los próximos días, antes de decidir su destino definitivo.

Sus abogadas no sabían nada

Las abogadas de Peral, encabezadas por Núria González, aseguran que no recibieron ninguna comunicación oficial del traslado y que tuvieron conocimiento de los hechos a través de la propia interna, que logró avisarlas instantes antes de abandonar el centro.

Según denuncian, tampoco se les ha facilitado ningún documento que motive o justifique la decisión. “No tiene sanciones pendientes ni ha protagonizado incidentes recientes”, subrayan desde la defensa.

En este contexto, las letradas apuntan a que el traslado podría ser una "represalia" en relación con el procedimiento que Peral mantiene abierto por una presunta vulneración de derechos fundamentales.

Por el momento, ni la Dirección General de Asuntos Penitenciarios ni el Departament de Justícia y Calidad Democrática han ofrecido explicaciones sobre los motivos del traslado.

Aun así, el Diari de Tarragona sostiene que la interna habría tramado un plan para agredir a una de las funcionarias que la custodian en el módulo de mujeres de la prisión de Mas d'Enric.

Extremo que sus abogadas niegan tajantemente: "si existiera una motivación disciplinaria, nos habrían avisado y hubiésemos tenido margen para presentar alegaciones", lamenta González.

Causa abierta en el TSJC

Tal y como avanzó este medio, la interna reclama acceso a la documentación penitenciaria vinculada a Albert López, en concreto, a una supuesta confesión que, según su entorno, podría resultar relevante para su estrategia judicial.

De hecho, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha requerido en reiteradas ocasiones a la administración penitenciaria que aporte dicha documentación, después de que un primer intento se saldara sin resultado.

Sus abogadas consideran que este es el verdadero motivo por el que ha sido trasladada sin previo aviso: "es una represalia por intentar desacreditar el sistema", sostiene Núria González a preguntas de este medio.

Rosa Peral (d) y Albert López (i), los dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona acusados de matar a un compañero

Rosa Peral (d) y Albert López (i), los dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona acusados de matar a un compañero EFE / Toni Albir

La irrupción de Albert López en la causa

En este procedimiento, en el que se mantiene abierto en el TSJC, el propio López se ha personado para oponerse a que Peral tenga acceso a ese material.

A través de su representación legal, ha presentado alegaciones ante el alto tribunal catalán en las que rechaza la entrega de la documentación solicitada al considerar que afecta a su ámbito personal.

La Generalitat también se opone

Tras dos requerimientos del TSJC, la Abogacía de la Generalitat respondió oponiéndose a la estrategia de la exagente para acceder al expediente penitenciario del coautor del conocido 'crimen de la Guardia Urbana'.

Los abogados de la Generalitat defienden la decisión de Instituciones Penitenciarias de denegar el acceso al expediente de López y aseguran que la petición carece de base legal y procesal.

La clave: la supuesta confesión

El núcleo del conflicto gira en torno a una idea que Peral ha sostenido de forma reiterada: la necesidad de comprobar el contenido de la supuesta confesión de López en prisión, lo que le permitió acceder al curso previo a empezar a disfrutar de salidas penitenciarias.

¿Su objetivo? Acceder a un relato inédito que podría resultar determinante en la estrategia judicial de la condenada.

Sin embargo, tanto la Generalitat como la defensa de López se oponen tajantemente a ese planteamiento.

Nueve años después del crimen

La admisión a trámite del recurso por vulneración de derechos no implica que el tribunal dé la razón a Rosa Peral, pero sí supuso una apreciación de indicios suficientes para estudiar el caso y exigir explicaciones a la Administración penitenciaria.

El movimiento judicial abrió un nuevo frente en uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años en Cataluña, que acabó con la condena de 25 y 20 años de prisión para Rosa Peral y Albert López por el asesinato de Pedro Rodríguez en mayo de 2017.

En este escenario, el traslado de Peral 'in extremis' y sin comunicar se produce en pleno pulso judicial con la administración penitenciaria por el acceso a documentación que, según la defensa de Peral, puede ser la clave del caso.