La empresa del transportista del ‘caso Innova’, señalada por eludir la seguridad biológica

El nexo de unión es el empresario Bernardo Coslado, exadministrador de Ambulàncies Baix Ebre e imputado en la pieza número 7 del caso por presuntos pagos irregulares al entonces director del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat.

Tras el colapso de su estructura en territorio catalán, Coslado se consolidó en la provincia de Castellón a través de Ambulancias CSA, mercantil que ahora enfrenta denuncias por irregularidades en la ejecución de sus contratos públicos.

Imagen del interior del Hospital de Reus / Cedida

Ropa sucia

El conflicto se centra en el presunto incumplimiento de los pliegos técnicos impuestos por el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana (SESCV).

El contrato, identificado con el número de expediente 13/2022 —documentación a la que ha tenido acceso Crónica Global— cuenta con un presupuesto base de licitación de 372,7 millones de euros, aunque su valor estimado total (incluyendo prórrogas y modificaciones) asciende a 632,9 millones de euros.

Fuentes internas y representantes sindicales de UGT sostienen que la empresa percibe las partidas destinadas a la lavandería industrial y desinfección biológica del vestuario, pero denuncian que el servicio no se presta en las bases.

"A nosotros no nos limpian la ropa", asegura un portavoz sindical de UGT del sector.

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Asunción de costes

El protocolo actual exige que los Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES) transporten su uniforme en sus vehículos particulares hasta un punto de recogida centralizado en Castellón.

"El que vive en Morella o Villafranca tiene como hora y media de coche", denuncian desde el sindicato, y recalcan que esta práctica supone un coste prohibitivo en tiempo y combustible.

Como consecuencia, según confirman fuentes internas a este diario, la gran mayoría de la plantilla termina higienizando su ropa de trabajo en lavadoras domésticas por pura necesidad operativa.

La denuncia suma gravedad al confirmarse que la empresa no entrega ningún tipo de bolsa de seguridad para el transporte de ropa contaminada.

Los técnicos se ven obligados a trasladar sus uniformes en mochilas personales tras haber estado en contacto con pacientes que pueden padecer enfermedades contagiosas.

La situación ya ha saltado de la esfera interna a la administrativa y el asunto está en manos de la Inspección de Trabajo, donde actualmente se dirime un recurso de alzada tras las quejas por la falta de prestación efectiva del servicio.

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Peligro sanitario

La Guía de Criterios de Aptitud para trabajadores sanitarios —documento técnico que también obra en poder de este medio— establece que este personal debe contar con protección específica ante agentes biológicos.

El Real Decreto 664/1997 prohíbe terminantemente que el trabajador se lleve la ropa de trabajo contaminada a su domicilio para evitar la contaminación cruzada en el ámbito privado.

La normativa exige que el coste de desinfección y mantenimiento sea "cero" para el empleado.

Ignorar estas medidas pone en peligro la salud pública y expone a la empresa a infracciones consideradas muy graves por la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las cuantías en estos casos, según la normativa vigente de la Inspección de Trabajo, pueden superar los 800.000 euros en su grado máximo de reincidencia o gravedad.

Tensión laboral

Ambulancias CSA atraviesa un escenario de crispación interna. Las centrales sindicales apuntan a un deterioro de las relaciones laborales marcado por discrepancias en la interpretación de los convenios y otras tensiones que ya han tenido su reflejo en los juzgados.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ratificó la nulidad del despido de un técnico y representante del Comité de Empresa.

La compañía contrató a un detective privado para espiar al trabajador fuera de su horario laboral bajo la acusación de fraude en sus horas sindicales.

La Justicia obligó a readmitir al empleado y subrayó la vulneración de derechos fundamentales.

El precedente de Innova

Bernardo Coslado fue una pieza central en el engranaje de Innova.

En aquel proceso se investigó el pago de cuotas mensuales que el empresario habría abonado a la cúpula del hólding sanitario para favorecer sus intereses empresariales.

Aquel escándalo terminó con la liquidación de sus sociedades en Cataluña hacia 2017.

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Su actividad en la Comunidad Valenciana tampoco ha estado exenta de escrutinio internacional.

En 2015, la Comisión Europea calificó la adjudicación del transporte sanitario valenciano —un contrato de 694 millones de euros donde participaba la empresa de Coslado— como un proceso "poco transparente" y "discriminatorio" para el resto de competidores.

Aquella advertencia desde Bruselas obligó al gobierno valenciano a poner la adjudicación bajo vigilancia y a renunciar a las prórrogas del contrato inicial.

Un contrato en el horizonte

Las denuncias ante el SESCV y la Inspección de Trabajo llegan en un momento frágil, pues el próximo 1 de agosto de 2026 está previsto el inicio de la nueva licitación del servicio de transporte sanitario.

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Se trata de un contrato estratégico donde la solvencia técnica y el cumplimiento escrupuloso de los pliegos anteriores resultan determinantes para los aspirantes.

Este diario se ha puesto en contacto con la oficina de prensa del SESCV para confirmar el estado de la investigación interna relativa al servicio de lavandería de Ambulancias CSA. Al cierre de esta edición, el organismo público no ha ofrecido una respuesta aclaratoria.