Exterior de la Ciudad de la Justicia
La justicia catalana se endurece contra el impago de pensiones familiares
El Tribunal propone una vía más rápida para frenar el incumplimiento
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La sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (VIA) del Tribunal de Instancia de Barcelona apuesta por reforzar la protección de las familias víctimas de violencia económica e impulsar la tramitación de juicios rápidos en los supuestos de impago de pensiones alimenticias.
Se trata de procedimientos que, en muchos casos, pueden prolongarse durante años, situando a las familias en una clara situación de vulnerabilidad. Con esta medida, sería posible citar al acusado en un plazo de 15 días. Expertos jurídicos señalan que este simple cambio podría tener un efecto disuasorio y favorecer acuerdos de conformidad incluso antes de la celebración del juicio.
Existe un amplio precedente de investigados que han vuelto a pagar la pension para intentar que la causa se archive, lo que, en sí mismo, contribuye a agilizar la resolución de estos procedimientos por impago.
Violencia de género
La vía para encauzar este delito mediante el procedimiento de juicio rápido pasa por entender el crímen dentro del ámbito de la violencia de género. Conforme a la doctrina jurisprudencial, cuando el autor es un hombre y la conducta se configura como una forma de violencia económica contra la mujer, podría integrarse en esta tipología delictiva.
El delito de violencia de género ya figura entre aquellos susceptibles de ser enjuiciados mediante juicio rápido. Paralelamente, existe un Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que contempla la inclusión expresa de la violencia económica dentro de esta categoría delictiva.
300 asuntos
La sección VIA comenzó a operar el 31 de diciembre de 2025 en el marco de la reorganización de la Administración de Justicia prevista en la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Desde entonces, ha asumido más de 300 procedimientos penales, abarcando tanto la adopción de medidas cautelares como el enjuiciamiento de delitos leves y la tramitación de sentencias de conformidad.
Entre los asuntos gestionados destacan los impagos de pensiones —que representan alrededor del 20% del total—, junto con quebrantamientos de condena, delitos de agresión sexual, malos tratos, descubrimiento y revelación de secretos, así como conductas vinculadas a la pornografía infantil.
