Txema, el ‘inquiokupa’ profesor que ha provocado el último conflicto de la vivienda en Cataluña

Txema Escorsa (31), profesor de secundaria, saltó ayer a la fama al protagonizar una movilización que consiguió evitar su desahucio. Cientos de personas impidieron la ejecución de la orden judicial para desalojarle de una vivienda de alquiler en el número 14 de la calle Sant Agustí del barrio de Gràcia de Barcelona. Y se ha convertido en un nuevo símbolo de la resistencia frente a los fondos que invierten en pisos, impulsado por el Sindicat de Llogateres.

El propietario del edificio, el fondo New Amsterdam Developers, liderado por el empresario holandés Paul Petermeijer, se lo ha puesto fácil. Tras adquirir el inmueble en 2023, la empresa no ha renovado los contratos a los inquilinos a medida que han ido venciendo, y ha reformado los apartamentos disponibles para alquilarlos por habitaciones, a precios muy superiores a los límites que establece la normativa.

Ilegalidades por ambas partes

El Sindicat de Llogateres y algunas fuerzas políticas han aprovechado las ilegalidades cometidas por el fondo para arremeter contra este tipo de inversores, pero también para ensalzar a un inquilino que, de la misma forma, estaba cometiendo otra ilegalidad, al negarse a abandonar la vivienda pese a que su contrato ya se había extinguido.

Fuentes jurídicas consultadas por este medio han sido contundentes al respecto: "Que un empresario cometa una ilegalidad al alquilar un piso por encima del tope fijado por la administración no habilita a otro inquilino de otra vivienda de ese empresario a negarse a abandonarla cuando el contrato y sus prórrogas han terminado, si se le ha notificado en tiempo y forma".

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Aprovechar los abusos del casero

Escorsa, sin embargo, trata de utilizar en su beneficio los abusos cometidos por su casero con los otros pisos para quedarse en la vivienda, un apartamento de 60 metros cuadrados, situado a 300 metros del paseo de Gracia por el que paga 775 euros al mes y en el que reside desde 2015.

Se trata de un precio muy inferior a los cerca de 1.000 euros por habitación que pretende cobrar New Amsterdam Developers a los futuros inquilinos, pese a que las normativas aprobadas en los últimos años en Cataluña y en Barcelona establecen unos límites por debajo de esas cifras.

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Hasta el 15 de abril

Esas mismas fuentes jurídicas insisten en que, a pesar de que el exarrendatario siga pagando el precio del alquiler -como es el caso de Escorsa-, eso no le otorga derecho a seguir ocupando la vivienda, si el propietario le he comunicado la no prórroga del contrato a su vencimiento. Además, añaden, si el proceso ya se encuentra en fase de lanzamiento judicial, eso significa que se han valorado todos los elementos del caso ante un juez, con todas las garantías para el inquilino.

El edificio consta de 11 viviendas, de las que cuatro ya han sido reformadas para convertirse en colivings -es decir, habitaciones de alquiler-, dos permanecen vacías y las otras cinco están ocupadas por inquilinos que rechazan abandonarlas. Tres de ellos, entre los que se encuentra Escorsa, tienen procesos judiciales abiertos para ser desalojados.

De momento, la orden judicial de desalojo de Escorsa ha quedado aplazada hasta el próximo 15 de abril.