Imágenes cedidas de Javier Berzas tras la agresión con la comisaría de la Policía Local de Piera en el fondo
La justicia obliga a Piera a reubicar al policía que casi muere a manos de unos okupas
Tras dos años luchando por conseguir la segunda actividad, ahora un juzgado de lo contencioso obliga al consistorio a reconocer el derecho del agente a que su solicitud sea tramitada
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A Javier Berzas, agente de la Policía Local de Piera (Barcelona), la vida le cambió por completo la tarde del 20 de febrero de 2023.
Fuera de servicio, acudió a un bar propiedad de su familia en L’Hospitalet de Llobregat tras el aviso de unos vecinos: dos okupas habían irrumpido en el local con intención de instalarse. Se identificó como policía para frenar el delito flagrante. Pero no bastó.
Los dos allanadores lo atacaron con una violencia extrema, propinándole una lluvia de golpes con un machete y un martillo hasta dejarlo inconsciente, desangrándose y en estado crítico.
Las secuelas han sido irreversibles. Desde 2024, el agente tiene reconocida una discapacidad del 33% y ahora le toca vivir con las consecuencias de aquella agresión que estuvo a punto de costarle la vida.
Las heridas que sufrió el policía agredido en L'Hospitalet
La vía de lo contencioso
Ese episodio no solo abrió la vía de un procedimiento penal por un presunto intento de homicidio. Sino que, con el paso del tiempo, se sumó otro frente mucho más inesperado: un litigio contra el ayuntamiento para el que trabaja, el de Piera, que ahora acaba de resolverse en los tribunales.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona ha dado la razón al agente y obliga al consistorio a tramitar su pase a segunda actividad, al considerar que no puede sustituir ese derecho por una simple adaptación del puesto de trabajo.
La sentencia, dictada el 23 de marzo de 2026, estima el recurso interpuesto por Berzas tras meses de silencio administrativo por parte del consistorio.
Dos años de lucha judicial
El agente había solicitado en dos ocasiones —en octubre de 2023 y en primavera de 2024— el acceso a la segunda actividad, una figura prevista en la Ley de Policías Locales para aquellos funcionarios que ven mermada su capacidad operativa.
Sin embargo, el ayuntamiento optó por una vía alternativa: declararlo “apto con restricciones” y reubicarlo en tareas de control de accesos en el centro de servicios La Bòbila, retirándole el arma reglamentaria y limitando sus funciones.
Ahora, sin embargo, la magistrada de lo contencioso rechaza de plano esta actuación.
La juez reconoce indefensión
En el fallo se subraya que la segunda actividad es un derecho estatutario, con un régimen propio y más garantista, y que no puede ser sustituida por medidas de prevención de riesgos laborales.
Además, se reprocha al consistorio no haber resuelto expresamente la solicitud del agente, lo que le generó indefensión, e incluso apunta a una posible desviación de poder por utilizar una figura administrativa para eludir otra más protectora.
De este modo, el fallo declara nula la desestimación por silencio del Ayuntamiento de Piera, reconoce el derecho del agente a que su solicitud sea tramitada y resuelta conforme a la ley y condena al consistorio al pago de las costas procesales, con un límite de 500 euros.
![Imagen del coche policial que ha sido embestido](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/02\/12\/vida\/1003742731913_15710755_320x120.jpg"])
La salvaje agresión
Detrás de este pulso judicial hay una historia de secuelas físicas y psicológicas que aún hoy condicionan la vida del agente.
Aquella tarde, los atacantes le seccionaron una arteria del brazo con un machete. Solo la rápida intervención de un mosso d’esquadra, que le practicó un torniquete, evitó su muerte.
Los martillazos le provocaron también graves heridas en la cabeza, y las lesiones obligaron a múltiples intervenciones quirúrgicas: 18 clavos y una placa metálica en el brazo, además de suturas y grapas craneales.
Calle Cotonat de L'Hospitalet de Llobregat, donde sucedieron los hechos
Desde entonces, Berzas ha encadenado varios periodos de baja médica y, pese a su reincorporación --en febrero de 2024-- denuncia que su situación laboral apenas cambió, lo que le ha impedido ejercer con normalidad.
De hecho, no se siente preparado ni capacitado para patrullar en la calle, motivo por el que ha solicitado reiteradamente el pase a segunda actividad.
Con ganas de trabajar
En conversación con Crónica Global, el agente se muestra aliviado tras conocer la sentencia y confía en que el ayuntamiento cumpla ahora con lo dictado por la justicia.
Berzas asegura que tiene ganas de trabajar, de seguir en la Policía, pero en unas condiciones acordes a sus limitaciones físicas y que no comprometan su salud ni su seguridad.
Actualmente continúa de baja tras una nueva intervención quirúrgica y prevé recibir el alta el próximo mes de abril, cuando espera poder disfrutar de su nuevo puesto en segunda actividad.
