La investigación sobre la presunta agresión sexual y maltrato a un bebé de poco más de un mes en Barcelona avanza con más detalles que apuntan a la gravedad extrema del caso.
Lo que en un principio parecía una urgencia médica rutinaria ha destapado un escenario de violencia sistemática en el seno de una familia que, a ojos de su entorno, no presentaba indicadores de riesgo.
Los dos progenitores, un hombre de 42 años y una mujer de 43, fueron detenidos el pasado viernes, 20 de marzo, y el juzgado ha decretado para ambos prisión provisional comunicada y sin fianza, aunque por el momento no ha trascendido si la medida ya se ha hecho efectiva.
El hospital activó el protocolo
Fueron los propios sanitarios quienes dieron la voz de alarma. El bebé fue trasladado inicialmente a varios centros médicos —sus padres alegaron que el niño "no se encontraba bien"— hasta ser atendido en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde los profesionales detectaron lesiones de extrema gravedad compatibles con maltrato.
Ante la situación clínica del menor, los médicos activaron de inmediato el protocolo de protección y alertaron a los Mossos d’Esquadra, que asumieron la investigación a través de la Oficina de Atención al Menor (OAM).
El pequeño quedó bajo custodia policial en el propio centro hospitalario mientras se procedía al arresto de los progenitores.
Lesiones muy graves
Las primeras indagaciones apuntan a que el bebé presentaba múltiples lesiones de carácter severo, entre ellas fracturas y golpes en distintas partes del cuerpo.
Asimismo, los facultativos habrían detectado indicios compatibles con una violación, un extremo que ahora deberá confirmarse en el marco de la investigación judicial y forense. El alcance de las lesiones hace temer que el menor pueda sufrir secuelas físicas y neurológicas de por vida.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en Barcelona
Por el momento, no han trascendido las circunstancias concretas en las que se produjeron los hechos ni el tiempo durante el cual se habrían producido las agresiones, aunque la pluralidad de las fracturas sugiere un maltrato continuado durante sus escasas seis semanas de vida.
Decisión judicial
La causa está en manos de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona, que acordó el pasado viernes la medida de prisión provisional ante la gravedad de los indicios.
Durante la comparecencia ante el juez, tal y como apunta La Vanguardia, ambos progenitores negaron los hechos y aseguraron "no encontrar explicación" a las heridas de su hijo. No obstante, al conocer la petición de cárcel por parte de la Fiscalía, ambos se abrazaron antes de ser conducidos a las dependencias policiales.
La Fiscalía solicitó esta medida cautelar al apreciar riesgo de fuga, dada la elevada pena asociada a los delitos investigados (maltrato habitual, lesiones agravadas y agresión sexual), así como la posibilidad de reiteración delictiva y la necesidad de proteger al menor.
Además, se ha acordado la retirada de la patria potestad de forma cautelar.
Bajo tutela de la Generalitat
El menor ha quedado bajo la tutela de la administración pública, a través de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), el organismo encargado de velar por los menores en situación de riesgo en Cataluña.
La intervención de los servicios de protección se produjo de forma inmediata tras constatarse la situación de grave desamparo, lo que motivó la retirada urgente de la custodia a los progenitores.
Sistema para casos extremos
Casos como este se sitúan en el nivel más grave de intervención de los servicios sociales. Según datos de la Generalitat recogidos por este medio, solo un 1,7% de los menores tutelados en Cataluña son bebés de menos de un año, lo que refleja el carácter excepcional de estas medidas.
En total, pues, son apenas 152 bebés en toda la comunidad los que se encuentran en esta situación de protección extrema, la mayoría vinculados a entornos de drogodependencia o violencia de género previa, lo que hace que este caso de clase media sea aún más inusual.
Fuentes del ámbito social subrayaron a Crónica Global que la retirada de un menor de su entorno familiar es siempre la última opción, adoptada únicamente cuando existe un riesgo evidente para su integridad física o su desarrollo.