Artur Segarra, Francisco Comitre y Enrique Peña, los tres principales investigados en este procedimiento
Sobrevuela una conformidad en el juicio contra la mayor estafa inmobiliaria de Cataluña
Un abogado, un notario y Arturo Segarra --condenado en Tailandia por asesinato-- se enfrentan a peticiones de 20 años por una trama con 128 víctimas que podría resolverse en la primera sesión
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La Audiencia de Barcelona se prepara este lunes, 16 de febrero, para juzgar la conocida como operación Cocoon, una de las mayores estafas inmobiliarias investigadas en Cataluña en los últimos años.
Sin embargo, el proceso podría quedar visto para sentencia en cuestión de horas.
Sobre el macrojuicio, que afecta a 128 víctimas y en el que figuran como principales acusados el abogado Francisco Comitre, el notario Enrique Peña y Arturo Segarra, condenado en Tailandia por asesinato, sobrevuela una posible conformidad que permitiría evitar los cuatro meses de vista oral previstos inicialmente en el calendario judicial.
Posible acuerdo
Fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento confirman que las defensas y las acusaciones mantienen negociaciones para alcanzar un acuerdo que cierre la causa mediante el reconocimiento de los hechos a cambio de una rebaja de las penas.
De prosperar esta vía, el tribunal podría dictar sentencia in voce en la primera sesión, sin necesidad de practicar las decenas de declaraciones de víctimas, testigos y peritos previstas en un procedimiento de enorme complejidad técnica.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Audiencia de Barcelona Europa Press
El juicio estaba señalado como uno de los más extensos de los últimos años en la Audiencia de Barcelona, tanto por el elevado número de perjudicados como por la presunta implicación de profesionales jurídicos que habrían utilizado su posición para dar cobertura legal al fraude.
Maniobra de engaño
La Fiscalía sostiene que los acusados integraban una estructura criminal dedicada a captar personas en situación de vulnerabilidad económica, muchas de ellas con dificultades financieras o escasos conocimientos jurídicos.
A estas víctimas se les ofrecían soluciones financieras aparentemente legales, que en realidad ocultaban operaciones destinadas a arrebatarles sus propiedades.
El mecanismo consistía en hacer firmar documentos que se presentaban como préstamos o fórmulas de financiación, pero que en realidad eran contratos de compraventa o poderes notariales que permitían a los investigados quedarse con los inmuebles por precios muy inferiores al valor real.
Las víctimas creían estar accediendo a un crédito para aliviar su situación económica, cuando en realidad estaban cediendo el control de sus viviendas.
El notario acusado Enrique Peña
Las operaciones se formalizaban ante el notario implicado, lo que generaba una falsa sensación de seguridad jurídica que dificultaba que los perjudicados sospecharan del engaño.
Según la acusación, el entramado utilizaba documentos públicos, poderes irrevocables y operaciones notariales para transferir las propiedades o facilitar su venta a terceros, consolidando así el despojo patrimonial.
Peticiones de más de 20 años
Las acusaciones solicitan penas que superan los 20 años de prisión para los principales implicados, al atribuirles delitos de estafa agravada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Notarios de Cataluña se han personado en el procedimiento como acusación, al considerar que los hechos investigados afectan directamente al prestigio y la integridad de ambas profesiones.
Fachada del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB)
En otros procedimientos vinculados a esta misma trama, las acusaciones han llegado a solicitar hasta 28 años de prisión para algunos de los acusados, a quienes consideran responsables de liderar una organización destinada a apropiarse fraudulentamente de viviendas.
La gravedad de las penas solicitadas responde al elevado número de víctimas —128— y al carácter continuado del fraude, que se habría prolongado durante años.
![Entrada de la Audiencia de Barcelona, en una imagen de archivo](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/06\/23\/vida\/1003742668120_14771052_320x180.jpg"])
El abogado y el notario
Entre los principales acusados figura el abogado Francisco Comitre, señalado como uno de los presuntos líderes de la trama. Según la investigación, el letrado utilizaba su despacho para captar víctimas y estructurar jurídicamente las operaciones fraudulentas.
La policía catalana ha atribuido a Comitre la manipulación de personas vulnerables para que firmaran documentos que permitían apropiarse de sus inmuebles sin su conocimiento real.
Imagen del abogado y modelo Francisco Comitre
También se sienta en el banquillo el notario Enrique Peña, cuya intervención habría sido determinante para formalizar las operaciones. La acusación sostiene que su participación permitió dotar de apariencia legal a las transacciones investigadas, facilitando el éxito del engaño.
La implicación de un fedatario público constituye uno de los elementos más graves del procedimiento, ya que la función notarial tiene como finalidad garantizar la legalidad y seguridad jurídica de las operaciones.
El tercero huyó a Tailandia
Entre los acusados figura también Arturo Segarra, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del empresario David Bernat en 2016. La Fiscalía lo sitúa como una de las figuras clave de la estructura investigada.
![El catalán Artur Segarra llega al Tribunal Supremo de Tailandia / EFE](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2015\/02\/07\/cronica-directo\/sucesos\/9260127_2703038_320x180.jpg"])
Segarra no comparecerá presencialmente en la Audiencia de Barcelona, ya que consta en rebeldía.
De hecho, Segarra nunca llegó a ser detenido en el marco de la operación Cocoon pues logró eludir la detención al marcharse a Tailandia, de donde nunca regresó.
Las negociaciones siguen abiertas
De este modo, la posibilidad de una conformidad marca el inicio del juicio. Este tipo de acuerdos permite a los acusados reconocer los hechos y aceptar una pena inferior a cambio de evitar la celebración completa del juicio.
Por el momento, las negociaciones siguen abiertas y el desenlace dependerá de si las partes formalizan el acuerdo antes o durante la primera sesión.
De no alcanzarse, la Audiencia de Barcelona iniciará un juicio que aspira a esclarecer una de las mayores estafas inmobiliarias investigadas en Cataluña, y por la que un abogado, un notario y un condenado en Asia por asesinato se sientan en el banquillo de los acusados.
