El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de blindar a la infancia frente al impacto de las redes sociales. El anuncio de prohibir su acceso a los menores de 16 años ha irrumpido en el debate público más como una señal de alarma que como una solución cerrada.
Mientras Moncloa trabaja en el blindaje legal de la iniciativa, muchos menores sienten que se les castiga colectivamente por un entorno digital diseñado para retener su atención, condicionar su autoestima y modelar sus relaciones sociales.
En consultas de psicología de Barcelona nadie discute la gravedad del problema y la urgencia de proteger a la infancia, pero muchos dudan de que la respuesta pase únicamente por levantar un muro administrativo en internet.
La medida, que busca obligar a las plataformas a verificar la edad de forma fehaciente, ha abierto un debate donde chocan la neurobiología, la ingeniería de la atención y las libertades de los menores.
"Se nos ha ido de las manos"
El respaldo más claro al Gobierno llega desde el ámbito clínico. Clàudia Rossy, psicóloga sanitaria y profesora universitaria de psicología y psiquiatría de la UIC Barcelona, considera que el veto es un "primer paso" necesario ante una situación que califica de crítica. "Se nos ha ido de las manos", resume.
Tres adolescentes miran un mismo teléfono móvil
La especialista alerta de posibles efectos estructurales en el desarrollo cerebral. La exposición constante a estímulos rápidos y cambiantes puede interferir en la maduración del neocórtex, el área encargada de la planificación y el control de impulsos. "Esas áreas se desarrollan peor o de forma incompleta", advierte.
Trastornos
El impacto, según describe, trasciende lo cognitivo. En consulta detectan un aumento de trastornos depresivos, alimentarios y casos de dismorfofobia corporal asociados a la presión por alcanzar ideales irreales difundidos en redes.
Desde esta perspectiva, limitar el acceso de los menores supondría una medida de protección. Rossy, de hecho, iría más allá: "Personalmente lo limitaría hasta los 18 años, cuando se produce un cambio vital importante con la entrada en la universidad", plantea.
Aún así, avisa de que la restricción no puede plantearse como un conflicto generacional. "Hay que hacer cómplices a los adolescentes y ayudarles a entender el porqué. Si no, se convierte en una lucha", señala. A su juicio, el objetivo debe ser recuperar formas de relación social fuera de la pantalla.
Visto desde los 13 años
Marina y Lena, dos jóvenes catalanas de 13 años, describen una relación con las plataformas que oscila entre la necesidad social y el desgaste provocado por dinámicas diseñadas para retener su atención
Marina identifica uno de los mecanismos que más condiciona su uso: las rachas o streaks de TikTok, que premian la interacción diaria continuada entre usuarios. "Eso fomenta que los adolescentes entren mínimo una vez al día", explica. Reconoce, sin embargo, una cierta fatiga digital: "Al final quizás es demasiado cada día".
Su propuesta no pasa por abandonar la red, sino por modificar su diseño. "Yo quitaría las rachas", plantea.
La aplicación Tiktok en un móvil
Lena introduce otra dimensión del debate: el sentimiento de castigo colectivo. Considera que el problema no reside solo en los menores, sino en un entorno digital hostil donde los adultos también participan. "Nosotros no somos los culpables (...), hay señores mayores que ponen comentarios, guarrerías", denuncia.
Su testimonio apunta además a una brecha informativa generacional. Para muchos adolescentes, las redes sociales funcionan como principal vía de acceso a la actualidad. "No vemos las noticias, porque no nos gustan. Instagram también sirve para informarse", afirma.
Volver "a la antigua"
El sector del márketing digital analiza el impacto económico de la medida con especial atención. Nacho Jiménez, director comercial y de márketing de la agencia Hamon, advierte de un posible retroceso operativo si se restringe el acceso de los menores. "Volveríamos a la antigua, a hacer estudios de mercado para intuir qué les gusta a los niños", explica.
El principal temor no es solo la pérdida de audiencia, sino la distorsión de los datos. Jiménez apunta a la posibilidad de un "mercado negro de identidades": menores que falseen su edad para acceder a las plataformas, lo que podría alterar las métricas publicitarias. "Estaríamos pagando por impactar a adultos que en realidad no lo son", resume.
Además, alerta del posible efecto sobre la competitividad del sector creativo español frente a otros mercados europeos. "Perderíamos el contenido generado entre los 14 y los 16 años y se retrasaría la profesionalización de futuros creadores", sostiene.
De todas formas, al igual que parte del ámbito sanitario y los propios adolescentes, el sector aboga por intervenir el diseño de las plataformas antes que prohibir el acceso, señalando elementos como el scroll infinito como uno de los principales generadores de dependencia.
El espejo europeo
España no afronta este debate en solitario; varios países europeos han comenzado a fijar límites de edad para el acceso a redes sociales, aunque con enfoques distintos.
Francia es uno de los referentes más cercanos. La Asamblea Nacional aprobó recientemente un proyecto de ley que establece la "mayoría de edad digital" en los 15 años. La normativa, eso sí, permite el acceso a menores de esa edad si cuentan con el consentimiento parental, una fórmula que el plan del Gobierno español contempla eliminar.
En el norte de Europa, Noruega también ha endurecido su discurso. El Ejecutivo laborista de Jonas Gahr Støre ha anunciado su intención de elevar la edad mínima de acceso de 13 a 15 años para proteger a los menores del impacto de los algoritmos. El propio primer ministro ha reconocido que será "una batalla cuesta arriba", pero considera que las plataformas han expuesto a los menores a dinámicas de alto riesgo.
Fuera del ámbito comunitario, Australia ha ido más lejos al aprobar una prohibición total para menores de 16 años, sin excepciones parentales. Sin embargo, el país se enfrenta al reto técnico de evitar que los adolescentes burlen las restricciones mediante herramientas como las VPN, una dificultad que los expertos consideran inevitable en cualquier regulación.
Herramientas de control
Más allá de las iniciativas nacionales, la Unión Europea trabaja en el desarrollo de herramientas técnicas que permitan verificar la edad sin comprometer la privacidad de los usuarios. El principal proyecto es la Cartera de Identidad Digital Europea (EUDI Wallet), prevista para estar plenamente operativa en 2026.
Este sistema permitirá demostrar, mediante credenciales criptográficas, que un usuario supera una determinada edad sin necesidad de compartir datos personales adicionales, resolviendo uno de los principales dilemas regulatorios.
Todo ello se enmarca en la Ley de Servicios Digitales (DSA), que ya obliga a las grandes plataformas a mitigar riesgos sistémicos para los menores, como el diseño adictivo o el ciberacoso.