Ya es oficial: el Gobierno amplía a 2026 la prohibición de desahuciar a personas consideradas vulnerables

La vivienda es la mayor preocupación de los catalanes. El emanciparse es cada vez más imposible debido al precio que no para de subir al alza, hay comunidades autónomas donde estos han duplicado las cifras en la última década.

A ello, se suma otro problema, la alta demanda y una oferta muy limitada, lo que hace que el mercado inmobiliario sea prohibitivo. Además, debido a esta situación son muchos propietarios los que están sufriendo impagos y okupaciones de vivienda.

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A pesar de que esto último es un problema para la sociedad, el Gobierno de España ha oficializado la prórroga del denominado "escudo social" hasta el 31 de diciembre de 2026, una medida que garantiza la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler para familias vulnerables que no tengan una alternativa habitacional.

Este avance es el resultado de un acuerdo alcanzado con EH Bildu, que permite mantener vigentes unas protecciones que inicialmente caducaban al finalizar el año, ofreciendo así certidumbre y tranquilidad a miles de hogares que enfrentan dificultades económicas.

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El paquete de medidas acordado no se limita únicamente a la vivienda, sino que asegura el acceso a servicios esenciales para la vida digna. Además de la moratoria de desahucios, el decreto prohíbe los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y extiende la vigencia de los descuentos del bono social eléctrico durante todo 2026.

60.000 familias beneficiadas

Se estima que esta red de protección beneficia directamente a unas 60.000 familias, consolidándose como un recurso vital para la protección de los sectores más desfavorecidos del Estado.

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La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, explicó que estas medidas se integran en un real decreto ley más amplio que incluye la revalorización de las pensiones e incentivos fiscales para los afectados por catástrofes como la DANA o los incendios del pasado verano.

Esta normativa tiene su origen en marzo de 2020, cuando se aprobó por primera vez para mitigar el impacto de la pandemia, y se ha ido extendiendo debido a crisis sucesivas como la invasión de Ucrania y la emergencia habitacional.

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A pesar de la importancia de la prórroga, diversas entidades sociales, como el Observatorio DESC, han hecho un llamamiento a la responsabilidad política para que esta medida sea convalidada sin contratiempos.

Asimismo, han exigido que el Gobierno aproveche este margen temporal para diseñar un plan de choque definitivo que asegure el mantenimiento de la vivienda o un realojo digno de forma permanente, evitando que la protección de las familias dependa exclusivamente de renovaciones temporales de la ley.