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"¿Okupación? En 24 horas, fuera". Esa ha sido la sentencia de un juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, declamada durante un acto en Barcelona este lunes, y que ha sido recibida con un cerrado aplauso por parte de los asistentes. 

Así lo ha argumentado Vicente Magro, togado del alto tribunal, en la conferencia sobre okupación celebrada en el Colegio Notarial de Cataluña (CNC), en el marco de una jornada sobre vivienda y legalidad vigente. 

Contundente y sin poner paños calientes, el magistrado ha alertado que el fenómeno del allanamiento --y sus "escandalosas" cifras actuales en España-- es "contrario al Estado de Derecho". 

Cargas sobre el propietario

Magro ha recordado que, con la normativa actual, el Estado "ha colocado una servidumbre sobre el propietario de viviendas". 

Protesta en Girona contra el desahucio de un piso social okupado Cedida

"Le hace responsable de proveer de techo a las familias, algunas de las cuales no son ni siquiera vulnerables", ha lamentado. 

Dificultad para alquilar

Pero es que ello ha tenido un efecto perverso. "Muchos propietarios ya no alquilan a determinados perfiles por miedo al impago: si dejan de abonar la renta, no los podrán sacar de su casa". 

En este campo, el de okupación, ha abundado el juez, no debería jugar un papel la vulnerabilidad. "Lo dice una ley tan poco sospechosa de favorable para el propietario como la Ley de Vivienda: en caso de okupación, no aplica la vulnerabilidad. O no debería". 

"Es mi casa, la quiero en 24 horas"

Todo ello son lances legales que no obnubilan el principio fundamental, en opinión del togado. Ese principio es el de la propiedad privada. "Es mi casa, si me la okupan, quiero recuperar la posesión en 24 horas", ha enfatizado. 

De lo contrario, si el dueño de un activo denuncia una entrada ilegal y se dilata el procedimiento civil o penal, "se vulnera la tutela judicial efectiva de ese propietario". 

"El okupa dice que tiene derecho a protección judicial, pero ¿y el propietario? ¿No lo tiene?", ha criticado el magistrado. 

"Es una cuestión de cautelares"

Presentando su último libro junto con el decano del Colegio Notarial, José Alberto Marín, el juez ha alertado de que poner fin a la okupación en España "es una cuestión de medidas cautelares". 

¿Por qué? "Acabar con la toma de viviendas no pasa por penas más duras, ni por celebrar juicios más rápidos. Se trata de acudir al juez de guardia, presentarle un escrito pidiendo el desahucio cautelar, y que se ejecute". 

De este modo, "se evitaría sobrecargar al juez de instrucción". Y se recuperaría la posesión "en 24 horas", lo que él propugna, mientras se dilucida el asunto judicial en un plazo más largo. 

Mafias: "Si me pagas, me voy"

En su alocución, el interviniente ha advertido de la proliferación de "mafias de la okupación", que compran y venden pisos en España. 

Josep, vecino de Esparreguera que durmió en la calle tras ser víctima de una okupación GERARD MATEO

A ello se le une que el inquilino ilegal "pide dinero para irse", lo que añade "otro delito, el de extorsión". Se sumaría al tipo penal de usurpación, el natural de estas conductas. 

"En un folio"

Así las cosas, el también expresidente de la Audiencia Provincial de Alicante ha hecho hincapié en que "los presentes --notarios, pero también oficiales, o abogados-- podrían acabar con la okupación en España con un solo folio".

Ello, en lugar de la profusión de textos legales que intervienen en la materia. 

Se trata, ha concluido Magro, de proteger el derecho a la propiedad privada y conseguir el vaciado de estos bienes en el plazo de un día. "España tiene el mismo problema que tenía Italia en 2018, pero a diferencia del país vecino, no lo ha resuelto", ha apostillado. 

Creación de 'inteligencia'

La ponencia del juez se ha enmarcado en la jornada El impacto jurídico, notarial y social de la nueva regulación de vivienda en Cataluña, celebrado en el cuartel general del CNC hoy. 

Centenares de profesionales han escuchado voces expertas sobre el nuevo cuerpo normativo en materia de vivienda. 

Uno de los pilares de la jornada ha sido la defensa de la seguridad jurídica, principio rector de la profesión notarial.