La familia de X. P., la chica 'trans' que se quitó la vida en el Hospital del Mar, ha recuperado la esperanza. Tras agotar todas las vías en la justicia española para que se investigue la muerte de su hija, ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite el último recurso presentado por sus padres.
Su abogado, el letrado barcelonés Carlos Soliva, es consciente de que esta primera resolución no equivale todavía a una victoria judicial.
No obstante, sí supone “una gran noticia” para una familia que lleva tres años luchando para que se esclarezcan las circunstancias en las que murió su hija.
Existe jurisprudencia
“Es muy relevante que el TEDH haya superado el primer filtro, porque la mayoría de recursos ni siquiera llegan a esta fase”, subraya Soliva en declaraciones a Crónica Global.
Además, añade, “existe un caso similar previo contra el Reino de España que fue estimado, lo que genera una línea jurisprudencial favorable”.
Ese precedente es citado en múltiples ocasiones a lo largo del recurso, con la expectativa de obtener un pronunciamiento en el mismo sentido.
Imagen de archivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
Los hechos
Los hechos --adelantados en exclusiva por este medio-- se remontan a la tarde del 24 de enero de 2023 cuando X. P. realizó un primer intento de suicidio.
Fue ella misma quien alertó al Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la tentativa autolesiva. Tras el aviso, se procedió a su ingreso en la Unidad de Agudos del Parc Salut-Mar, del Hospital del Mar.
Ahí, y dada la gravedad de su estado, la joven fue trasladada a unas habitaciones especiales que constan de cámaras de videovigilancia.
Un segundo intento
Cinco días después del primer intento autolítico, el 29 de enero, los facultativos del centro hospitalario frustraron una segunda tentativa.
Los sanitarios observaron a través de las cámaras que la joven estaba realizando unos nudos en la sábana de su cama con la supuesta intención de autoasfixiarse a continuación.
Tras este nuevo incidente, los psiquiatras que la atendieron evaluaron en sus informes un alto riesgo de reincidencia.
La encontraron 31 minutos después
La mañana del día 31 de enero, tras llevar varios días ingresada y con un diagnóstico grave, los facultativos de la Unidad de Agudos decidieron activar el protocolo ORA (Observación Riesgo Autolítico) y trasladar a la joven a otra habitación que, en teoría, ofrecía mayores garantías de seguridad.
Sin embargo, la joven repitió el mismo procedimiento: volvió a realizar varios nudos en la sábana para ahorcarse y, esta vez, culminó el suicidio.
El cuerpo fue localizado por el personal sanitario 31 minutos después y el hospital concluyó que la causa del fallecimiento fue su aguda depresión.
Fachada del Hospital del Mar de Barcelona
Para la familia, la muerte podría haberse evitado si se hubiese aplicado correctamente el protocolo ORA y si las cámaras de videovigilancia hubieran sido efectivamente supervisadas.
“Esa cámara resulta absurda si no hay nadie observándola”, denunció entonces el abogado Carlos Soliva. “No existía funcionario alguno vigilando las imágenes”.
Una "clara negligencia"
Tras el fallecimiento, la familia presentó una denuncia contra el Hospital del Mar al considerar que existió una “clara negligencia” en la actuación de los profesionales de la Unidad de Agudos.
En su opinión, fue gravemente negligente, en primer lugar, porque el protocolo ORA se activó solo después del segundo intento de suicidio; y, además, se mantuvo a la joven en una cama con barrotes, cuando dos días antes había intentado ahorcarse precisamente atando una sábana a una litera de características similares.
La familia también cuestiona dónde se encontraban los profesionales responsables de su vigilancia y cómo es posible que transcurrieran 31 minutos sin que nadie detectara lo ocurrido.
Doble carpetazo judicial
El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona desestimó la denuncia hasta en dos ocasiones y rechazó también los recursos presentados por la defensa, que solicitaba al menos que se tomara declaración a los trabajadores del centro.
El magistrado concluyó que “ninguna de las infracciones en el marco del protocolo ORA tuvo como resultado la defunción” y sostuvo que los sanitarios no tienen obligación de observar las cámaras de forma permanente, sino únicamente de revisarlas de manera periódica, aproximadamente cada hora.
Un argumento que la familia cuestiona: “Entonces, ¿para qué sirve una habitación con cámaras si nadie las está mirando?”, se preguntan.
Imagen de archivo del exterior de la Ciudad de la Justicia
La familia nunca se rindió
Pese a los sucesivos rechazos judiciales —en la Audiencia de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo y el Constitucional— la familia no abandonó la batalla legal.
Su abogado sostiene que el suicidio podría haberse evitado con una vigilancia más estrecha, trasladando a la joven a una cama sin barrotes o incluso a una habitación compartida con otro paciente de referencia.
Todos esos argumentos fueron rechazados por los tribunales españoles. Pero ahora, por primera vez, el caso ha cruzado la frontera judicial.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decidido escucharlo. Y para esta familia, eso ya lo cambia todo.